La Auditoria de Asuntos Internos de la Policia de la Provincia de Buenos Aires dispuso la cesantia definitiva de ocho efectivos policiales que cumplian funciones en el partido de Villarino, tras comprobarse que fraguaron sus declaraciones juradas de residencia para percibir de manera ilicita un suplemento salarial destinado exclusivamente a zonas geograficas desfavorables.

El beneficio en cuestion corresponde por normativa a los uniformados que residen de forma permanente en el territorio bonaerense ubicado al sur del rio Colorado, como es el caso del partido de Carmen de Patagones. Para acceder al cobro de este adicional, cuyo porcentaje varia segun la jerarquia del agente, es requisito indispensable presentar una declaracion jurada firmada que acredite el domicilio real dentro de dicho radio geografico.

La investigacion interna se inicio en el ano 2022 a partir de una denuncia anonima que salpicaba originalmente a un grupo de 24 funcionarios policiales. Luego de un proceso sumarial, los auditores lograron verificar que ocho de los investigados habian declarado falsos domicilios en Carmen de Patagones para hacerse de esa asignacion economica extra durante varios anos, pese a residir y prestar funciones efectivamente fuera de la zona estipulada.

Los efectivos sancionados con la separacion definitiva de la fuerza son los oficiales Gustavo Cano, Angel Diaz, Diego Ibanez, Macarena Maria, Debora Montes de Oca, Flavia Ramos, Lorena Vazquez y Mailen Vazquez.

Desde la dependencia administrativa consideraron que la maniobra constituyo un modo de corrupcion, derivando en la aplicacion de la cesantia. Esta medida representa una sancion administrativa grave, implicando la desvinculacion inmediata y la perdida total de la estabilidad laboral, del empleo y de los derechos inherentes al cargo policial.

De forma paralela a las actuaciones del fuero disciplinario, el caso se tramita en el ambito judicial bajo la orbita de la fiscalia correspondiente del Departamento Judicial de Bahia Blanca. La Justicia investiga a los ocho acusados bajo el encuadre penal de fraude en perjuicio de la administracion publica.