La llegada de más de 120 efectivos del Ejército de los Estados Unidos a la ciudad de Ushuaia desató una fuerte controversia política y social a nivel nacional. La comitiva militar fue alojada en las instalaciones del Batallón de Infantería de Marina (BIM) Número 4 de la capital fueguina, en el marco de las iniciativas que impulsa el Gobierno nacional de Javier Milei para consolidar un polo logístico militar en la región austral del país.

Diversos sectores de la oposición y organizaciones sociales salieron al cruce de la medida, asegurando que la presencia de tropas norteamericanas en Tierra del Fuego atenta de manera directa contra la soberanía nacional. En duros comunicados, calificaron la decisión como una muestra de sumisión absoluta ante las directivas de Washington y cuestionaron el financiamiento de un enclave extranjero proyectado en unos 500 millones de dólares en Ushuaia, mientras el país atraviesa una profunda crisis socioeconómica.

Los señalamientos también hicieron foco en la marcada brecha entre el gasto destinado a la infraestructura militar compartida y el contexto que enfrentan los sectores más vulnerables de la sociedad. En esa línea, las críticas remarcaron que el despliegue se produce en momentos en que los jubilados perciben ingresos de 400.000 pesos al mes, se aplican recortes en la entrega de medicamentos oncológicos y los hospitales públicos sufren el colapso por la falta de insumos básicos.

Asimismo, los cuestionamientos alcanzaron a la situación salarial de los propios integrantes de las fuerzas de seguridad locales, advirtiendo sobre el contraste entre la llegada de tropas extranjeras y la realidad de los oficiales argentinos. Según denunciaron, los efectivos nacionales perciben ingresos cercanos a los 800.000 pesos, lo que obliga a muchos de ellos a recurrir a empleos secundarios en plataformas de transporte para sostener a sus familias.

Finalmente, desde los sectores críticos advirtieron que esta política de alineamiento internacional representa un riesgo estratégico de cara a la proximidad geográfica con las Islas Malvinas y el territorio antártico. En ese sentido, calificaron el proyecto como un desguace planificado de la custodia territorial en favor del capital y los intereses extranjeros.