Una fuerte controversia se desató en las últimas horas en torno al Ministerio de Seguridad de la Nación, conducido por Patricia Bullrich, tras salir a la luz los detalles sobre la designación del titular de la Dirección Nacional de Estadística Criminal. La polémica se centra en el nombramiento de Marco Antonio González Lozada, de nacionalidad venezolana, para ocupar un cargo estratégico en el manejo de los datos oficiales sobre la criminalidad en la República Argentina.

La medida, implementada bajo la gestión del presidente Javier Milei y con la intervención de la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, generó un intenso debate no solo por el origen del funcionario, sino por el procedimiento legal utilizado para su nombramiento. De acuerdo con la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional (Ley N° 25.164), en el inciso «a» de su artículo 4°, es un requisito excluyente poseer la nacionalidad argentina para el ingreso a la Administración Pública Nacional. Sin embargo, el Gobierno nacional decidió aplicar una excepción normativa para avanzar con la contratación.

Tal como quedó plasmado en la Decisión Administrativa 450/2024, publicada en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo justificó la maniobra legal argumentando la necesidad de cubrir la vacante en la Subsecretaría de Despliegue Territorial. El documento oficial detalla textualmente: «Que atento a que el magíster Marco Antonio González Lozada, a quien se propicia para cubrir el precitado cargo, posee nacionalidad venezolana es que resulta necesario exceptuarlo del requisito de nacionalidad para el ingreso a la Administración Pública Nacional».

El rol que asume González Lozada no es menor. La Dirección Nacional de Estadística Criminal es el área fundamental encargada de recopilar, procesar y analizar los datos oficiales sobre los delitos cometidos en todo el territorio nacional. Esta información es la base sobre la cual el Estado diseña, implementa y evalúa las políticas públicas en materia de seguridad, además de ser la fuente principal para conocer los índices de criminalidad, incluyendo estadísticas sensibles como la participación de ciudadanos extranjeros en hechos delictivos.

A raíz de esta situación, surgieron múltiples cuestionamientos desde diversos sectores. Las críticas apuntan a la falta de claridad en las estadísticas relacionadas con delitos cometidos por extranjeros, sugiriendo que la nacionalidad del director podría influir en la manera en que se procesan o comunican estos datos. Asimismo, los detractores de la medida reclaman que, existiendo miles de profesionales argentinos altamente capacitados en criminología, sociología y estadística para ocupar el puesto, el Gobierno haya optado por forzar una excepción legal para colocar a un ciudadano extranjero al frente de un área tan sensible para la seguridad interior del país.

El debate pone de manifiesto la tensión constante sobre la transparencia en el manejo de las cifras oficiales y los criterios de selección de los funcionarios públicos en áreas neurálgicas del Estado, abriendo un nuevo frente de críticas para la cartera de Seguridad.