Los abogados defensores de Cristina Kirchner anunciaron la ampliación de su presentación formal ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de lograr la revisión de su condena en el marco de la Causa Vialidad. La estrategia legal incorpora los resultados de una auditoría privada efectuada sobre los registros de la causa conocida como Cuadernos, mediante la cual la defensa sostiene haber hallado un elemento probatorio de peso que podría beneficiar la situación procesal de la expresidenta.

De acuerdo con las conclusiones del relevamiento contable presentado, las firmas pertenecientes al Grupo Austral percibieron únicamente el 0,85% de los fondos totales desembolsados a través de la Fuente 14 del Presupuesto Nacional durante el período comprendido entre los años 2009 y 2015. Con estos números, la representación jurídica busca cuestionar la hipótesis central sobre el direccionamiento sistemático de la obra pública vial.

En ese sentido, el letrado Alberto Beraldi argumentó que, sobre un total de 367 obras analizadas en el período señalado, solo 17 correspondieron a empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez. Según la exposición de la defensa, este dato posiciona a otros grupos constructores como los principales receptores de las partidas presupuestarias destinadas a la infraestructura del país.

A partir de la interposición de este recurso de revisión internacional, el equipo legal de la exmandataria solicitará el dictado de medidas cautelares urgentes. El reclamo busca suspender la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y revisar las condiciones de la prisión domiciliaria que actualmente cumple en su residencia.