El feroz e incesante plan de desmantelamiento del sector público nacional que lleva adelante el presidente Javier Milei continúa destruyendo fuentes de trabajo y debilitando las capacidades operativas de la administración pública en todo el país. De acuerdo con los últimos datos oficiales difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la dotación del Estado nacional acumuló una pérdida de 75.260 puestos de trabajo desde diciembre de 2023, lo que representa un drástico achicamiento del 22% de la plantilla estatal como resultado directo de la política de desguace ejecutada por la Casa Rosada.

El informe oficial detalló que la cantidad total de trabajadores que integran la Administración Pública Nacional (APN), las empresas públicas y las sociedades con participación estatal cayó a 266.205 empleados al cierre de septiembre de 2026, una cifra dramáticamente inferior a los 341.465 agentes que desempeñaban funciones al momento de la asunción del Gobierno libertario. La magnitud de esta contracción histórica no solo deja al descubierto la falta de sensibilidad social del Ejecutivo nacional frente a miles de familias que quedan en la calle, sino que agrava severamente el panorama del mercado laboral argentino en su conjunto.

Septiembre sumó otro masivo recorte de personal

Lejos de detenerse tras casi tres años de ajuste sistemático, el informe del INDEC confirmó que la sangría de puestos estatales mantuvo su ritmo destructivo durante las últimas semanas. Tan solo durante el mes de septiembre de 2026 se registraron 2.199 bajas netas en la plantilla global del Estado, lo que equivale a una contracción mensual del 0,8%. En la comparación interanual frente al mismo mes de 2025, el desplome alcanzó el 6,1%, contabilizando 17.176 trabajadoras y trabajadores menos en el sistema público.

La marea de despidos e interrupciones de contratos afectó a los distintos organismos de la estructura estatal. Dentro de la administración centralizada —dependencia que alberga a los ministerios y secretarías de Estado—, la dotación pasó de 37.955 agentes en agosto a 37.200 al cierre de septiembre, registrando una caída mensual del 2% y un desplome interanual del 19,7%, configurando el achicamiento más violento dentro de las áreas evaluadas.

Por su parte, en la administración descentralizada el personal se redujo de 109.025 a 108.726 empleados (un 0,3% menos en el mes y 1,5% interanual), mientras que la administración desconcentrada bajó de 21.123 a 21.037 trabajadores (un 0,4% de caída respecto de agosto). El escenario fue aún más crítico en otros entes del sector público, donde la dotación se redujo de 13.226 a 12.433 personas, sufriendo un duro recorte del 6% en solo 30 días y un desplome del 12,2% frente al año anterior. Sumando todas sus dependencias, la Administración Pública Nacional cerró septiembre con 179.396 empleados, registrando una pérdida interanual del 7,2%.

Privatizaciones, concesiones y vaciamiento en las empresas públicas

Las empresas y sociedades del Estado tampoco lograron escapar a la motosierra libertaria. El relevamiento del organismo estadístico contabilizó 86.809 trabajadores en el sector empresarial público durante septiembre, marcando un descenso en comparación con los 87.075 registrados en el mes de agosto. Esta diferencia implica la pérdida de 266 puestos operativos en el período de un mes.

Al contrastar los guarismos con septiembre de 2025, momento en que las compañías estatales empleaban a 90.256 personas, la pérdida neta alcanzó los 3.447 empleos, lo que equivale a una contracción del 3,8% interanual. Estas bajas masivas se enmarcan en la agresiva agenda del Gobierno nacional orientada al vaciamiento, la concesión y la privatización de activos estratégicos de la Nación, vulnerando la soberanía logística y productiva del país.

Un ajuste estatal que agrava la recesión y el desempleo privado

La masiva expulsión de trabajadores del sector público nacional se produce en un contexto económico de profunda recesión donde el sector privado tampoco encuentra márgenes para absorber la mano de obra desocupada. Diversos rubros estratégicos como la industria textil, la actividad de la construcción y las manufacturas atraviesan un escenario de marcada retracción productiva, encarecimiento del crédito, ahogo financiero y drástica reducción de planteles laborales.

A este panorama se suma el reciente informe de la consultora Orlando J. Ferreres & Asociados, el cual reveló que la inversión real tuvo un desplome del 5,2% interanual durante septiembre, arrastrada por un derrumbe del 12,3% en el segmento de maquinaria y equipos. Esta paralización de las inversiones anula las perspectivas de generación de empleo genuino a futuro, al tiempo que la pulverización de los ingresos reales y el enfriamiento del consumo interno siguen destruyendo el entramado pyme.

Esta política de abandono y crueldad desplegada por la administración central de Javier Milei contrasta rotundamente con el modelo de Estado presente, inclusivo y productivo que sostienen los gobiernos abocados a cuidar a la gente. Tanto la gestión de la provincia de Buenos Aires que conduce el gobernador Axel Kicillof como la administración municipal de Bahía Blanca encabezada por el intendente Federico Susbielles priorizan la defensa del empleo, la inversión pública en infraestructura y la protección integral de las familias trabajadoras bonaerenses frente al implacable ajuste libertario.