La Armada Argentina radicó una denuncia formal ante la Justicia Federal tras detectar una sistemática maniobra de corrupción interna que involucró 645 acreditaciones indebidas de haberes por un total de $981.148.567,88 entre julio de 2022 y enero de 2026. Las auditorías administrativas internas permitieron identificar hasta el momento a 23 beneficiarios directos, entre los cuales figuran miembros en actividad de las Fuerzas Armadas, personal civil, militares retirados y personas ajenas a la institución sin relación laboral alguna.

El caso comenzó a salir a la luz en febrero de 2026 durante un control de rutina sobre la liquidación de haberes correspondiente a enero, donde se constató que cinco agentes habían percibido suplementos salariales sin la fundamentación pertinente. Aunque los involucrados procedieron al reintegro inicial del dinero, las autoridades navales resolvieron ampliar el alcance de la investigación hacia períodos anteriores para determinar si se trataba de irregularidades aisladas o de una estructura fraudulenta de carácter permanente. La auditoría reveló diferencias sustanciales entre las liquidaciones del sistema de la Armada, los recibos emitidos y los archivos finales remitidos al Banco Nación. El mecanismo utilizado consistía en alterar de forma manual los registros informáticos antes de enviar las órdenes de pago a la entidad bancaria —aumentando montos o incorporando destinatarios sin respaldo administrativo— para luego restaurar los valores originales en el sistema interno, impidiendo que los incrementos se reflejaran en los recibos de sueldo oficiales.

Entre los datos más sobresalientes del expediente se destaca que cuatro personas sin vínculo laboral ni funcional con la Armada recibieron en conjunto $434.200.718,04, cifra que equivale al 44,25% del total de las acreditaciones irregulares detectadas. Una de las principales beneficiarias, identificada como Prieto, percibió 46 acreditaciones por un monto acumulado de $152.259.495,86. La investigación confirmó que la mujer es esposa del capitán de Navío contador Ariel Baltasar Atanasoff, señalado como el organizador central del esquema. Durante las actuaciones administrativas, Atanasoff admitió tener pleno conocimiento de los pagos realizados a dichos particulares y reconoció que las cargas se ejecutaban manualmente con el propósito de favorecerlos económicamente, asumiendo la responsabilidad exclusiva en la selección de montos y destinatarios. Paralelamente, la sumaria administrativa examina otros hechos, entre los que figura el cobro indebido de sueldos por parte de un capitán de Corbeta contador en comisión en el exterior y acreditaciones abonadas a su cónyuge durante una licencia sin goce de haberes.

En agosto de 2026, tras confirmarse el vínculo matrimonial entre Atanasoff y una de las receptoras de los fondos, las autoridades dispusieron el relevo preventivo del oficial y el resguardo de los equipos informáticos utilizados para la confección y transmisión de los archivos bancarios. Asimismo, la Armada reestructuró de forma inmediata el circuito institucional de pagos: desde marzo, la tramitación de las órdenes de acreditación ante el Banco Nación fue derivada al Departamento Tesorería, mientras que el área de Contabilidad asumió una función de conciliación independiente de las cuentas. Al momento de la presentación judicial, la fuerza había logrado recuperar $42.574.267,63 mediante reintegros voluntarios, quedando un remanente pendiente de recuperación superior a los $938,5 millones. La causa tramita en el fuero Federal para determinar los desvíos definitivos y deslindar las responsabilidades penales de los implicados.