El exministro de Defensa definió la iniciativa impulsada por el Ejecutivo como una ley ómnibus y señaló que se pretende modificar el sistema de seguridad nacional de manera indirecta.

El exministro de Defensa y actual diputado nacional por Unión por la Patria, Agustín Rossi, criticó con dureza el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional presentado por el Poder Ejecutivo. El legislador definió la iniciativa como una “ley ómnibus” debido a la multiplicidad de materias heterogéneas que abarca en su articulado y consideró que la propuesta constituye “una trampa” impulsada por la gestión del presidente Javier Milei.

De acuerdo con el análisis del exjefe de Gabinete, el proyecto utiliza como argumento de partida el incremento de sanciones para las empresas que realicen actividades económicas sin la correspondiente autorización en las Islas Malvinas, para introducir cambios estructurales en materia de defensa y seguridad. Según Rossi, el objetivo de fondo de la norma es incorporar el Consejo de Seguridad Nacional y alterar el marco regulatorio vigente a través de vías indirectas y condicionando la votación de los legisladores en el Congreso.

En relación con el modelo institucional propuesto, Rossi advirtió que el Ejecutivo busca replicar el esquema de seguridad interior implementado en los Estados Unidos, una estructura que —según su visión— no se ajusta a la realidad geopolítica de la República Argentina. En ese sentido, recordó que la nación norteamericana mantiene una presencia bélica constante en diversos conflictos internacionales, escenario que difiere de la situación local. Asimismo, remarcó que el país ya cuenta con el Consejo de Defensa Nacional (Codena) para abordar situaciones de emergencia institucional.

Por otra parte, el diputado cuestionó que el texto autorice la intervención de las Fuerzas Armadas ante eventuales escenarios “no convencionales”. Al respecto, sostuvo que dicha disposición vulnera los principios establecidos en la Ley de Seguridad Interior y en la Ley de Defensa Nacional. El legislador enfatizó que cualquier intención de modificar el sistema de defensa debería tramitarse mediante el envío de un proyecto de ley específico y no a través de una norma con múltiples temáticas cruzadas.

En el plano de las medidas operativas, Rossi criticó la reincorporación de la denominada Ley de Derribos, norma a la que calificó de manera categórica como una figura de “pena de muerte sin juicio previo”. A su vez, objetó la creación por vía legislativa del Registro de Terrorismo, señalando que la herramienta ya existía administrativamente y que su formalización por ley promueve una aplicación discrecional de la figura de terrorismo, extendiéndola no solo a organizaciones sino también a actos individuales.

El dirigente peronista también manifestó su preocupación por los artículos que fixan restricciones a la labor periodística. Rossi denunció que el texto atenta de manera directa contra la libertad de prensa al contemplar sanciones para quienes lleven adelante lo que la norma define de forma imprecisa como campañas de desprestigio contra la Nación o contra el propio Gobierno.

Finalmente, el legislador calificó como una falta de rigor institucional que en el marco de una legislación vinculada a la soberanía nacional se incluya un artículo diseñado específicamente para impedir que el consultor político español Antoni Gutiérrez Rubí —quien brindó asesoramiento al peronismo en contiendas electorales previas— pueda volver a desempeñarse profesionalmente en el país.