La Cámara de Apelaciones de Rafaela rechazó los planteos de nulidad y dispuso la continuidad del proceso con nuevas pautas para resguardar las fuentes de empleo y el valor del patrimonio.

La Cámara de Apelación Civil, Comercial y Laboral de Rafaela decidió dar continuidad al proceso de licitación de la excooperativa láctea SanCor, tras desestimar formalmente los planteos de nulidad que se habían interpuesto contra el pliego elaborado en la instancia inicial. El tribunal consideró que las observaciones formuladas por los distintos actores intervinientes podían subsanarse técnicamente sin la necesidad de anular lo actuado ni retrotraer el trámite para recomenzarlo desde cero. De este modo, la Cámara resolvió devolver las actuaciones al juez a cargo de la quiebra, Marcelo Gelcich, para que establezca un nuevo cronograma oficial y convoque oportunamente a la reapertura de las ofertas.

El fallo ratifica el esquema estructural general de la licitación, aunque introduce una serie de ajustes y precisiones fundamentales en las condiciones comerciales e institucionales de la venta. Entre las disposiciones de mayor trascendencia, el tribunal resolvió que las propuestas mantendrán sus precios base calculados y expresados en dólares estadounidenses, pero habilitó a las firmas participantes a cancelar sus compromisos en moneda nacional, aplicando el tipo de cambio vendedor que informe el Banco de la Nación Argentina al cierre del día hábil previo a la concreción de la transacción. Asimismo, la resolución confirmó que las compañías interesadas tendrán la posibilidad de elevar propuestas tanto por el conjunto integral de los activos como por lotes individuales. No obstante, el juzgado estará legalmente obligado a realizar un análisis comparativo explícito entre la suma económica de los ofrecimientos parciales y la propuesta integral antes de dictar la adjudicación final.

Con el objetivo de garantizar la mayor transparencia posible en la selección del futuro adquirente, el tribunal ordenó la confección previa de una grilla objetiva de evaluación. Este instrumento deberá estar completamente redactado antes del acto formal de apertura de sobres y contemplará ponderaciones específicas que trascienden el mero monto económico. En dicha matriz se evaluarán de manera prioritaria el sostenimiento efectivo de los puestos de trabajo existentes, el perfil integral del proyecto productivo, la solidez del plan de negocios presentado y los antecedentes corporativos de los oferentes. La determinación reviste un especial impacto social en la región, en tanto la quiebra abarca la preservación de 914 puestos laborales directos, la operatividad de seis unidades industriales ubicadas en Santa Fe y Córdoba, y la cobertura de acreencias correspondientes a más de 1.500 acreedores.

Adicionalmente, el pronunciamiento judicial aborda la situación jurídica particular que atraviesa la planta radicada en la localidad de Sunchales, así como la titularidad de marcas históricas de alto valor de mercado como Mendicrim y Santa Brígida, las cuales registran controversias judiciales pendientes a raíz de contratos de fideicomiso celebrados previamente. Sobre este punto, la Cámara dispuso que dichos activos permanezcan integrados al proceso licitatorio para permitir que el adquirente pueda tomar posesión física e iniciar actividades operativas y comerciales sin demoras. En tanto, la transferencia formal del dominio registral y el correspondiente depósito de los fondos económicos generados quedarán supeditados al fallo definitivo de los pleitos judiciales en curso.

Por último, los magistrados ordenaron la actualización y ampliación inmediata de las pericias de valuación técnica del patrimonio —incluyendo un análisis específico sobre el impacto económico derivado del incendio registrado en la planta de Sunchales—, disponiendo que tales informes queden incorporados al expediente a disposición gratuita de todos los oferentes e interesados. En paralelo, el tribunal confirmó la plena validez de los pliegos que ya fueron adquiridos por diez empresas interesadas y fijó pautas de trabajo coordinado para los órganos sindicales y de control que intervienen en el concurso.