El Juzgado de Garantías Nº 1 de la ciudad de Bahía Blanca dispuso convertir en detención la aprehensión que pesaba sobre José Luis Salazar, señalado como el imputado por el asesinato de Gonzalo Nicolás Bustos. La resolución fue dictada a partir de la solicitud formal efectuada por el fiscal Jorge Viego, titular de la fiscalía interviniente, luego de analizar el cuadro probatorio y los elementos reunidos durante las primeras instancias de la investigación penal preparatoria.

De acuerdo con las actuaciones judiciales que constan en el expediente, el hecho sangriento se registró el pasado 21 de septiembre de 2026 en la vía pública, en las inmediaciones del cruce de las calles Juana Azurduy y Juana Gabriela Moro. Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, en ese sector urbano Salazar habría abordado a Bustos para efectuarle dos disparos de arma de fuego por la espalda, provocándole heridas de extrema gravedad que derivaron en su fallecimiento en el lugar.

Asimismo, al acusado se lo imputa de manera concurrente por la tenencia ilegal del armamento que se habría utilizado en la agresión. El informe sumarial precisó que Salazar mantenía en su poder y portaba una pistola semiautomática calibre 22, careciendo de la correspondiente autorización y documentación legal expedida por las autoridades competentes para el uso de armas de fuego de uso civil.

Al momento de ser trasladado a la sede judicial para prestar declaración indagatoria ante la representación del fiscal Jorge Viego, el imputado optó por hacer uso de su derecho constitucional de guardar silencio. Salazar declinó responder preguntas y no aportó ninguna versión alternativa sobre la mecánica del ataque, absteniéndose de ofrecer explicaciones que pudieran modificar la lectura de los hechos asumida por los investigadores.

Por otra parte, la resolución emanada del Juzgado de Garantías Nº 1 convalidó de forma expresa los procedimientos de allanamiento que la Policía llevó a cabo durante la misma noche del crimen. Dichas medidas tuvieron como fin la recolección y preservación de evidencia clave para la causa, entre las que figuran prendas de vestir pertenecientes a Salazar, dispositivos de telefonía celular hallados en los inmuebles requisados y los módulos de grabación pertenecientes a los sistemas de videovigilancia instalados en la zona del ataque.

Con esta medida judicial, José Luis Salazar continuará privado de su libertad en el marco de la causa caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego en concurso con portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal, mientras se aguarda el resultado del análisis de los elementos secuestrados y las pericias correspondientes.