La Justicia dispuso dos registros simultáneos en la sede de la firma Fisur y en la vivienda de su responsable. Los reclamos acumulados rozan los 200 mil dólares y más de 450 millones de pesos.

En el marco de una investigación judicial llevada adelante por la UFIJ N° 18, a cargo del fiscal Gustavo Zorzano, el Juzgado de Garantías N° 1 dispuso la realización de dos allanamientos en la localidad de Punta Alta. La medida tuvo como objetivo central la recolección de elementos de prueba sobre las graves denuncias presentadas contra una entidad financiera local que operaba en la zona bajo la firma denominada “Fisur”.

Los procedimientos policiales se concretaron de manera simultánea en dos puntos estratégicos de la ciudad balnearia vecina. Uno de los registros se llevó a cabo en el local de la calle Humberto Primo al 300, donde funcionaba la sede comercial y de atención al público de la firma, mientras que el segundo operativo se ejecutó en un inmueble ubicado en la calle Avellaneda al 500, correspondiente al domicilio particular del responsable de la financiera. Durante las diligencias, los efectivos secuestraron abundante documentación contable y financiera de relevante interés para el avance de la causa. Asimismo, en el marco del registro en la vivienda, se constató e incautó una importante suma de dinero en efectivo que alcanzó los 25 millones de pesos y 2.000 dólares estadounidenses.

La causa penal tuvo su origen formal en el mes de marzo del corriente año a partir de un acta labrada por personal de la Comisaría de Punta Alta. En aquella oportunidad, un nutrido grupo de vecinos y clientes perjudicados se congregó frente a la sede de la compañía para reclamar de manera airada la devolución de sus depósitos, encontrándose con la absoluta negativa de atención y la falta de respuestas por parte del responsable del lugar.

La incertidumbre entre los clientes venía acumulándose desde tiempo atrás, luego de que la propia empresa “Fisur” hubiera emitido comunicados a sus ahorristas informando sobre una supuesta dificultad operativa para cumplir de forma inmediata con las devoluciones correspondientes. La persistencia en la falta de atención al público, la ausencia del titular y la total interrupción en los canales de contacto derivaron finalmente en la formalización de los reclamos por la vía penal.

Hasta la fecha, la sede fiscal a cargo del doctor Zorzano ha recibido y ratificado las denuncias pertenecientes a casi 50 damnificados. Los cálculos preliminares incluidos en el expediente indican que los ahorristas resultaron perjudicados por montos totales que rozan los 200 mil dólares estadounidenses y se aproximan a los 450 millones de pesos. Todo el material secuestrado y las sumas incautadas serán sometidos a las pericias contables correspondientes para determinar la trazabilidad de los fondos y establecer las responsabilidades penales de los involucrados.