En un nuevo capítulo de la profunda embestida desplegada contra la educación pública nacional, el Gobierno encabezado por Javier Milei consiguió un alivio temporal en los tribunales. La Cámara Contencioso Administrativo Federal decidió habilitar la revisión de dos resoluciones judiciales que exigían el cumplimiento inmediato de las partidas destinadas a salarios docentes, no docentes y becas estudiantiles en el marco de la ley de emergencia universitaria. La medida fue adoptada por los jueces integrantes de la Sala III de la alzada, abriendo una instancia técnica para analizar las objeciones presentadas por el Ministerio de Capital Humano, aunque sin determinar en absoluto si el Poder Ejecutivo cumplió con sus obligaciones legales ni dejar sin efecto la medida cautelar que ampara a las casas de altos estudios.

La controversia judicial se originó tras las apelaciones interpuestas por el Ministerio de Capital Humano —cartera que conduce Sandra Pettovello—, las cuales habían sido desestimadas en primera instancia por el juez Martín Cormick. Frente a esa negativa, el área gubernamental recurrió a la Cámara para cuestionar la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley N.º 27.795), normativas que imponen al Estado la pauta de recomposición salarial periódica para los trabajadores universitarios y el sostenimiento de las becas para los sectores estudiantiles de menores recursos.

Entre las disposiciones impugnadas por el oficialismo se encontraba una orden que ordenaba avanzar con los mecanismos de ejecución de la cautelar y otra que intimaba a la administración nacional a acreditar el cumplimiento efectivo en un plazo perentorio de cinco días bajo apercibimiento de aplicar multas diarias a los funcionarios responsables. Desde Capital Humano argumentaron que la cautelar se encontraba vencida y que las actualizaciones ya habían sido liquidadas, cuestionando que el juzgado de origen no especificara los montos ni las obligaciones pendientes. Sin embargo, fuentes judiciales aclararon que la decisión del tribunal de alzada de admitir el recurso no convalida la postura de la Casa Rosada ni paraliza las demandas de la comunidad universitaria, cuya resolución de fondo queda sujeta a un posterior pronunciamiento.

El ahogo presupuestario en Diputados: la brecha de $3,3 billones y la provocación oficial

De manera simultánea a la tramitación del expediente judicial, el ajuste sobre las universidades nacionales tuvo una dura réplica en el Congreso de la Nación. Durante la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, defendió la pauta presupuestaria diseñada por el Ejecutivo para el ejercicio 2027, la cual contempla la asignación de $7,7 billones para todo el sistema universitario nacional. La cifra ratifica el desfinanciamiento planificado al ubicarse marcadamente por debajo de los $11 billones exigidos formalmente por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), generando una brecha presupuestaria sin precedentes que alcanza los $3,3 billones.

En su intervención ante los legisladores, Torrendell intentó justificar el recorte apelando al discurso de la sospecha sobre los organismos públicos: “La autonomía no está en discusión; lo que exigimos es gestión responsable y transparencia”, aseveró el funcionario. En la misma línea, presentó una serie de indicadores e informes técnicos destinados a descalificar el funcionamiento del sistema público, asegurando que el costo fiscal por graduado asciende a $80 millones y que las instituciones perciben una media de $12,4 millones anuales por cada estudiante medido bajo el concepto de equivalente a tiempo completo.

Las estadísticas presentadas por la Secretaría de Educación detallaron que sobre una matrícula total de 1.972.000 estudiantes de pregrado y grado en 2024, unos 881.000 aprobaron al menos dos materias, arrojando una ponderación de 642.000 alumnos bajo el criterio de tiempo completo. A partir de esos datos, Torrendell atacó la eficiencia de la enseñanza pública afirmando que el 44,5% de los alumnos abandona la carrera al cabo del primer año y que solo el 18,7% obtiene su titulación dentro del plazo teórico estipulado en los planes de estudio.

Un conflicto que avanza sin tregua en los tribunales y en las aulas

Las métricas exhibidas por la gestión libertaria omiten deliberadamente el impacto del contexto socioeconómico y el ahogo tarifario sobre la permanencia estudiantil, limitándose a contabilizar la graduación estricta a término y ninguneando a quienes completan sus carreras en plazos más extendidos.

De este modo, el conflicto por la universidad pública mantiene dos frentes abiertamente encendidos. En los tribunales federales se dirime el cumplimiento de las obligaciones presupuestarias y la vigencia de las cautelares para salarios y becas; en el recinto parlamentario, las comunidades académicas y las fuerzas del campo popular dan la batalla para evitar que el proyecto de Presupuesto aseste un golpe definitivo contra el derecho a la educación superior pública, gratuita y de calidad.