La acelerada erosión del poder adquisitivo y el impacto del modelo económico aplicado por el gobierno nacional de Javier Milei continúan sumiendo a las familias trabajadoras en un escenario de asfixia permanente. Según un revelador informe del Monitor de Opinión Pública (MOP) elaborado por la consultora Zentrix, la inmensa mayoría de los argentinos no logra cubrir sus necesidades básicas con sus ingresos habituales, al punto de que 8 de cada 10 encuestados afirman de manera tajante que sus haberes mensuales pierden de forma sistemática frente al avance de los precios.

El estudio, que expone con crudeza la crisis social que recorre de punta a punta al país, revela que dos de cada tres personas agotan la totalidad de sus ingresos antes de llegar al día 20 de cada mes. Más alarmante aún resulta el dato de que casi cuatro de cada diez hogares no consiguen superar siquiera la primera quincena con el dinero disponible en sus bolsillos. En este marco de recesión y pérdida de derechos, apenas un escaso 34% de los consultados logra cubrir sus compromisos durante todo el mes, mientras que un ínfimo 9,8% manifiesta contar con alguna capacidad marginal de ahorro.

El impacto del ajuste libertario golpea de manera desigual pero profunda, dejando los indicadores más drásticos en los sectores de menores ingresos y entre la juventud. Para un abrumador 81,8% de la población, los salarios quedaron totalmente desfasados respecto de la inflación real, una percepción de deterioro persistente que no baja del 81% desde marzo y que alcanzó un pico del 87,4% durante el mes de julio.

Endeudarse para comer y pagar servicios: el drama de la morosidad familiar

Ante la imposibilidad de afrontar el costo de vida con un salario devaluado, el endeudamiento dejó de ser una opción de progreso para convertirse en una estrategia desesperada de supervivencia cotidiana. Durante los últimos seis meses, el 56,2% de los participantes del relevamiento debió recurrir a algún tipo de préstamo o crédito para cubrir la brecha entre sus ingresos y sus gastos indispensables.

El destino que las familias le dan a ese dinero prestado expone la gravedad de la emergencia social provocada por las medidas nacionales:

• Alimentación y salud: El 55,1% de los que tomaron deuda utilizó los fondos para comprar comida y medicamentos básicos.

• Tarifas y servicios públicos: Un 21,3% se endeudó para abonar las facturas de luz, gas, agua y transporte desregulados por el Gobierno nacional.

• Bienes durables: Apenas el 11,8% del financiamiento se destinó a la adquisición de bienes de mayor valor o inversión.

Desde la consultora advirtieron sobre el peligro inminente de este esquema, señalando que al utilizar los ingresos del mes siguiente para cancelar las obligaciones contraídas para comer en el mes anterior, el ciclo de morosidad se retroalimenta y deja de ser un hecho aislado para transformarse en un riesgo estructural para miles de hogares.

Brecha socioeconómica y el drama particular de los jóvenes

Las diferencias socioeconómicas analizadas en el relevamiento muestran el impacto diferenciado de la crisis en cada estrato social:

• Clase baja: En este segmento, el 59,6% agota su presupuesto antes del día 15 y un aplastante 83,3% se queda sin dinero antes de llegar al día 20. La capacidad de ahorro se reduce a un irrisorio 0,9%, al tiempo que el 68,1% debió tomar deuda en el último semestre. De ese total de endeudados, el 65,5% destina el dinero exclusivamente a la compra de alimentos y necesidades primarias.

• Clase media: El 51,4% de los hogares de clase media no llega a fin de mes y el 47,1% se vio obligado a endeudarse. Este sector registra la mayor presión por el costo de los servicios públicos, ya que el 29% de quienes tomaron crédito lo hicieron para pagar las tarifas desreguladas por la Casa Rosada, superando el 18,2% de la clase baja y el 4,7% de la clase alta.

• Clase alta: En el estrato de mayores ingresos, el 61,9% manifiesta capacidad de ahorro. Si bien un 36,5% recurrió al financiamiento, el 63,4% de ese grupo orientó los fondos a la compra de bienes durables.

Por su parte, la situación de las personas menores de 40 años resulta sumamente crítica. El 72% de los jóvenes agota sus ingresos antes del día 20 del mes y tan solo un 3% tiene la posibilidad de ahorrar. Frente a este panorama sin horizontes, el 60,9% de los jóvenes debió endeudarse en los últimos seis meses y un 69,1% expresa una evaluación abiertamente negativa sobre el rumbo económico general del país.

Un 67% de la sociedad exige la regulación del Estado

Frente al avance de la morosidad y la desregulación financiera promovida por el esquema libertario, el 67% de los encuestados reclama de forma urgente la intervención del sector público para fijar límites y proteger a los consumidores. Un 36,1% sostiene que la crisis de deuda es un problema social que requiere atención pública prioritaria, mientras que un 30,9% exige la intervención estatal incluso en los contratos contraídos entre privados.

A la hora de evaluar soluciones concretas frente al sobreendeudamiento, las preferencias de la ciudadanía se orientan mayoritariamente hacia la regulación del mercado crediticio:

• Regulación de créditos y condiciones: 61,3%.

• Refinanciación de deudas mediante el Banco Central: 23,6%.

• Condonación de deudas por ley: 7,5%.

Esta contundente demanda de regulación choca de frente con la política de desmonte del Estado y desregulación salvaje que impulsa la administración de Javier Milei. Mientras la Casa Rosada le da la espalda a las necesidades populares, la gestión provincial conducida por el gobernador Axel Kicillof y el municipio de Bahía Blanca encabezado por el intendente Federico Susbielles continúan multiplicando esfuerzos para cuidar la economía familiar. A través de instrumentos concretos como los descuentos de Cuenta DNI, el impulso a los Mercados Bonaerenses y el sostenimiento de la contención social, la Provincia y el Municipio reafirman que la única salida justa ante el ajuste nacional es con un Estado presente que defienda el salario y la dignidad del pueblo.