La dramática recesión económica, la parálisis productiva y el ajuste implacable ejecutado por el gobierno nacional de Javier Milei continúan destruyendo puestos de trabajo registrados a un ritmo alarmante en todo el país. Según datos y registros oficiales correspondientes a los primeros nueve meses de 2026, la cantidad de trabajadores despedidos que debieron recurrir a la prestación por desempleo sufrió un aumento destructivo del 29,4% en comparación con el mismo período del año anterior.

Las cifras suministradas por la Seguridad Social exponen la verdadera cara de la «motosierra» libertaria: entre enero y septiembre de este año, un total de 145.0004 trabajadores registrados que fueron echados sin justa causa tramitaron el seguro estatal para intentar sobrevivir. La magnitud del colapso laboral queda en evidencia al contrastar este indicador con las 112.056 altas contabilizadas en el mismo lapso durante 2025. Este deterioro sistemático del empleo formal se profundiza además con la licuación de los haberes, ya que el incremento nominal de la prestación se ubicó muy por debajo de la inflación acumulada.

La industria, el comercio y la construcción encabezan el colapso laboral

El impacto destructivo de las políticas económicas aplicadas desde la Casa Rosada no distingue sectores, golpeando con saña a las tres actividades más intensivas en generación de mano de obra. La paralización del consumo de masas y el freno absoluto a la obra pública pulverizaron miles de puestos de trabajo fabriles, comerciales y de la construcción.

El desglose oficial del período comprendido entre enero y septiembre detalla la gravedad del escenario:

• Sector industrial: Encabezó la nómina de despidos con 35.922 trabajadores destruidos que debieron incorporarse al sistema de asistencia.

• Sector comercial: La caída del poder adquisitivo derivó en 32.928 nuevas altas de despedidos.

• Sector de la construcción: La parálisis de la infraestructura estatal dejó en la calle a 21.663 operarios que tramitaron la prestación.

En conjunto, solo estos tres rubros sumaron 90.513 nuevos desocupados registrados en lo que va del año. En septiembre, la cantidad total de beneficiarios que cobraron la asistencia —sumando las nuevas incorporaciones y descontando las bajas por agotamiento de plazo o imprevisible reinserción— alcanzó a 127.613 personas.

Haberes licuados por debajo de la inflación e impacto por provincias

A la tragedia social que representa perder el empleo formal se le añade el deterioro deliberado del poder de compra del haber asistencial. Durante el mes de septiembre, el monto promedio percibido por los beneficiarios fue de apenas $325.368, mostrando un tímido incremento nominal del 18,7% respecto a los $274.324 del mismo mes del año pasado. Frente a una inflación interanual informada del 33,4%, la pérdida real del beneficio fue brutal, confirmando que la gestión nacional ni siquiera garantiza una contención digna a las familias arrojadas a la desocupación.

En cuanto a la distribución por género, de los 127.613 beneficiarios de septiembre, 86.288 correspondieron a hombres y 41.325 a mujeres. Por su parte, la provincia de Buenos Aires se consolida como la jurisdicción que mayor impacto absorbe debido a su escala productiva e industrial, sumando 54.936 receptores del beneficio, una cifra ampliamente superior a la registrada en Santa Fe (9.698), Córdoba (9.658) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (9.029).

El acumulado de la era libertaria: cerca de 500.000 despedidos

La sangría en el mercado de trabajo no es un hecho aislado, sino la consecuencia lógica de un modelo de ajuste y desregulación. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei en 2024 hasta septiembre de 2026, el acumulado histórico de bajas que solicitaron el seguro por desempleo llegó a la escandalosa cifra de 473.186 trabajadores:

• Año 2024: 174.335 altas acumuladas.

• Año 2025: 153.847 altas acumuladas.

• Enero a septiembre de 2026: 145.004 altas acumuladas.

El salto exponencial es innegable al observar los años previos de gestión nacional: durante todo el año 2023 se registraron 108.942 incorporaciones, mientras que en 2022 el piso había sido de 86.268.

Requisitos duros y escalas decrecientes para los golpeados por la crisis

Actualmente, el acceso a la prestación exige cumplir con condiciones estrictas bajo la Ley 24.013. Los trabajadores en relación de dependencia despedidos sin justa causa o por rescisión contractual deben acreditar al menos seis meses de aportes en los últimos tres años, mientras que el personal eventual o de temporada requiere más de 90 días trabajados en el último año.

El beneficio, que puede extenderse hasta por 12 meses (con seis meses extra para mayores de 45 años), contempla un esquema de cobro fuertemente decreciente: durante los primeros cuatro meses se cobra el 100% del cálculo asignado, del quinto al octavo mes se reduce al 80%, y del noveno al duodécimo mes cae al 70%. Aunque el esquema resguarda la obra social, las asignaciones familiares y el cómputo para la jubilación, el haber tope se encuentra atado a los límites fijos del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), recortando aún más los ingresos en un contexto inflacionario.

Frente a este flagelo de la desocupación promovido por el desmonte de las políticas activas del Estado nacional, las gestiones del gobernador Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires y del intendente Federico Susbielles en Bahía Blanca continúan redoblando esfuerzos para contener el tejido social, sostener la producción local, incentivar el consumo familiar y proteger las fuentes de trabajo frente al destructivo modelo económico de La Libertad Avanza.