En el marco de un fallo judicial de ejemplar severidad en la lucha contra la violencia de género y la explotación infantil, el Tribunal en lo Criminal N.º 3 de Bahía Blanca condenó a un hombre a la pena de 24 años de prisión de cumplimiento efectivo, tras hallarlo penalmente responsable de haber abusado sexualmente de la hija de su pareja durante más de siete años en la localidad de Pedro Luro.

Los jueces del tribunal lo consideraron autor responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores, aplicando además las agravantes legales por el vínculo y por haber aprovechado la convivencia preexistente con la víctima mientras esta era menor de 18 años.

La instrucción de la causa fue llevada adelante por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N.º 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, bajo la titularidad de la fiscal Agustina Olguín. La exhaustiva investigación penal determinó de manera fehaciente que los aberrantes episodios ocurrieron de forma sistemática entre los años 2011 y 2017, tanto en una vivienda particular como en las instalaciones de un establecimiento rural situados en el partido de Villarino, cuando la víctima tenía apenas entre 8 y 14 años de edad.

Aprovechamiento de la asimetría de poder, manipulación y daño psicológico

De acuerdo con las pruebas ventiladas a lo largo del proceso judicial, durante esos siete años el sujeto sometió a la niña a reiteradas y aberrantes situaciones de abuso. Para garantizar la impunidad de sus actos y evitar que la menor relatara lo sucedido a su entorno familiar, el agresor ejercía una constante manipulación psicológica y amedrentamiento, amenazándola reiteradamente con quitarse la vida bajo el pretexto de que no soportaría ir a la cárcel.

Asimismo, la fiscalía probó que entre los años 2013 y 2015, cuando la niña contaba con entre 11 y 12 años, el condenado le exhibía de manera sistemática material pornográfico, valiéndose de la convivencia bajo el mismo techo para acelerar de forma perversa el desarrollo sexual de la víctima.

Al momento de fijar la condena de 24 años de prisión, los magistrados del Tribunal en lo Criminal N.º 3 valoraron la marcada diferencia de edad entre el agresor y la niña, remarcando que el imputado utilizó su superioridad física e intelectual para anular cualquier posibilidad de defensa de la menor. De igual modo, ponderaron de manera categórica la gravedad del daño psicológico ocasionado en el desarrollo integral de la joven.

En los fundamentos de la sentencia, el tribunal ratificó de forma unánime que los ataques se perpetraron dentro de un claro contexto de violencia de género, subrayando que el agresor se valió de su posición de dominio, la asimetría de poder y la cosificación de la víctima para imponer actos sexuales no consentidos.

Protección a las infancias y el rol de la Justicia bonaerense

La contundente pena dictada por el Tribunal en lo Criminal N.º 3 representa un alivio para la víctima y sienta un precedente fundamental en el resguardo de la integridad física, psíquica y sexual de las infancias en todo el sudoeste bonaerense.

Frente a un panorama nacional signado por la quita de recursos a los organismos de protección y la desarticulación de programas de asistencia a las víctimas de violencia de género por parte del Gobierno de Javier Milei, el accionar coordinado de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio Público Fiscal conducido en este caso por la fiscal Agustina Olguín, la gestión provincial del gobernador Axel Kicillof y el acompañamiento permanente de las comunas de la región —como la de Bahía Blanca con el intendente Federico Susbielles— reafirma la decisión irrenunciable del Estado presente de proteger a las infancias, juzgar con perspectiva de género y garantizar que no exista impunidad ante delitos tan graves.