La controvertida trayectoria política y comercial de Javier Iguacel vuelve a situarse en el centro de la escena pública. El ingeniero petrolero supo cimentar un veloz y polémico itinerario saltando sin disimulo de ambos lados del mostrador, alternando su prolongado paso por las corporaciones privadas con una cuestionada gestión en la función pública durante la administración de Mauricio Macri, para coronar ahora un millonario desembarco en el sector energético de la mano de las políticas del gobierno nacional encabezado por Javier Milei.

Durante su paso por las estructuras del Estado nacional como titular de Vialidad Nacional y posterior ministro de Energía de la Alianza Cambiemos, el dirigente acumulo una larga lista de denuncias por presuntos manejos espurios y arbitrariedades administrativas. Su gestión institucional quedó severamente marcada por favorecer y garantizar millonarios contratos a empresas afines al poder político de turno, a la par que ocultó de forma sistemática su participación corporativa en una sociedad offshore radicada estratégicamente en el paraíso fiscal de las Islas Caimán para eludir controles financieros.

Irregularidades, errores de cálculo y vaciamiento estatal

El balance del paso de Iguacel por la administración pública sumó graves cuestionamientos por inoperancia técnica, sobreprecios y un deliberado desmantelamiento de las capacidades estatales. En el ámbito de la obra pública, el exfuncionario lideró un plan de vaciamiento sistemático de las estructuras operativas e institucionales de la Dirección Nacional de Vialidad, afectando el mantenimiento vial en múltiples provincias del país.

Asimismo, uno de sus hitos más insólitos y recordados ocurrió durante la inauguración de un puente ferroviario sobre la Ruta Nacional 5, la cual debió ser paralizada de urgencia tras constatarse que, producto de un grosero error de cálculo en las mediciones oficiales, la estructura resultaba demasiado angosta para el paso de las formaciones de trenes. En el plano judicial, su intervención como testigo en la mediática causa conocida como «Cuadernos» se caracterizó por declaraciones imprecisas y vacías de sustento, cuya única acusación concreta terminó derivando en un firme sobreseimiento dictado por la Justicia por inexistencia absoluta de delito.

En su posterior rol como titular de la cartera energética, Iguacel impulsó un escandaloso esquema de compensaciones millonarias en favor de las empresas distribuidoras de gas privado tras la devaluación monetaria promovida por la gestión macrista, transfiriendo de manera directa y arbitraria ese enorme costo financiero a las tarifas y facturas que debieron afrontar los usuarios de todo el país.

El millonario salto corporativo en la era libertaria

Según un informe elaborado por la periodista Felicitas Bonavitta para la señal C5N, la proyección empresarial del exfuncionario dio un nuevo y multimillonario salto económico tras la llegada a la Casa Rosada de la gestión de Javier Milei. A través de la firma Bentia Energy —una compañía constituida recientemente y desprovista de antecedentes operativos directos en la industria hidrocarburífera—, Iguacel logró adjudicarse la explotación de siete áreas estratégicas de producción de petróleo y gas en la provincia de Neuquén en el marco del denominado «Proyecto Andes».

Este vertiginoso ascenso del denominado «Señor M» expone las continuidades de un esquema de negocios donde exfuncionarios alineados con los sectores conservadores aprovechan los giros de las políticas nacionales en detrimento de la soberanía energética. Esta lógica mercantilista impulsada por el Gobierno nacional de Javier Milei contrasta con los modelos de gestión territorial basados en la presencia del Estado, el desarrollo productivo con inclusión y la transparencia institucional que sostienen el Gobierno de la provincia de Buenos Aires conducido por Axel Kicillof y el municipio de Bahía Blanca bajo la intendencia de Federico Susbielles, comprometidos en defender el patrimonio colectivo frente a la especulación de los grupos concentrados.