El escándalo político e institucional en torno al operativo clandestino montado para garantizar la salida del senador brasileño Flávio Bolsonaro del territorio argentino sumó este viernes una nueva y explosiva derivación judicial. El dirigente nacional del Partido Obrero y del Frente de Izquierda, Gabriel Solano, se presentó ante los tribunales federales para ampliar formalmente la denuncia penal original que recae sobre el presidente Javier Milei, incorporando ahora de manera directa al principal asesor presidencial, Santiago Caputo, y a altos funcionarios de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

La ampliación de la denuncia quedó radicado en el Juzgado Federal N.º 5 —bajo la órbita de los magistrados María Romilda Servini y Ariel Lijo, subrogancias y secretarías correspondientes—, donde se exige el llamado inmediato a declaración indagatoria de todos los implicados. En su presentación, Solano tipificó los delitos investigados bajo las figuras de encubrimiento agravado (artículo 277 del Código Penal), abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (artículo 248), y peculado (artículo 261), al sostener que se utilizaron recursos, bienes y estructuras del Estado argentino para ejecutar una maniobra de impunidad internacional al servicio de los intereses de aliados políticos de la ultraderecha.

La presencia de Santiago Caputo en Misiones y el uso de recursos estatales

El núcleo de la ampliación probatoria presentada por el dirigente de izquierda expone datos precisos sobre la logística clandestina desplegada en la provincia de Misiones. Según detalló Solano, el superasesor presidencial Santiago Caputo fue detectado e identificado formalmente en un control policial de rutina realizado en territorio misionero durante la madrugada del 28 de octubre, exactamente a las 02:50 horas.

Caputo se desplazaba a bordo de una camioneta oficial junto a funcionarios de Yacyretá y personas estrechamente vinculadas a los servicios de inteligencia del Estado. Entre los involucrados figuran el director de Seguridad e Información de Yacyretá, Jorge Waisman, y el asesor de la misma entidad binacional, Orlando Palacios. La utilización de vehículos pertenecientes al patrimonio del Ente Binacional para coordinar un operativo de esta naturaleza configura una gravedad institucional inusitada, destinando fondos públicos y recursos energéticos bilaterales a la protección de un dirigente extranjero investigado por la justicia de su país.

Contradicciones migratorias y violación de la normativa vigente

El escrito judicial también pone el foco sobre las profundas y escandalosas contradicciones incurridas por la Dirección Nacional de Migraciones. El organismo a cargo del área intentó inicialmente negar la presencia de Flávio Bolsonaro en el país para, horas más tarde, convalidad oficialmente su ingreso y su posterior huida hacia los Estados Unidos a través de un vuelo privado contratado a la empresa Baires Fly S.A.

Asimismo, la denuncia advierte que la administración libertaria habría violado de manera flagrante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/25, el cual establece estrictos impedimentos migratorios para el ingreso y permanencia de ciudadanos extranjeros que omitan informar antecedentes penales o pesen sobre ellos requerimientos judiciales vigentes en sus naciones de origen. Ante este cuadro de situación, el dirigente opositor solicitó a la justicia federal la ejecución urgente de medidas probatorias de carácter concluyente, tales como el secuestro y análisis de registros de cámaras de seguridad públicas y privadas, bitácoras de comunicaciones oficiales, actas del control policial en Misiones, informes detallados sobre la titularidad y circulación de los vehículos oficiales utilizados y el testimonio bajo juramento de los efectivos policiales que participaron del operativo durante la madrugada.

El contraste de gestión frente al vaciamiento institucional

Este nuevo episodio de corrupción institucional y uso faccioso del aparato estatal desnuda la descomposición de un gobierno nacional que, mientras predica un falso ajuste de austeridad para las mayorías populares, moviliza los recursos de la inteligencia y la administración pública para garantizar privilegios e impunidad a la casta internacional aliada.

En franco contraste con las maniobras oscuras y el desprecio por las leyes que caracterizan a la Casa Rosada bajo el mando de Javier Milei, las administraciones que priorizan la defensa de la soberanía y los intereses populares —como el gobierno de la provincia de Buenos Aires conducido por Axel Kicillof y el municipio de Bahía Blanca bajo la intendencia de Federico Susbielles— reafirman cotidianamente un modelo de gestión basado en la transparencia institucional, el respeto irrestricto por las normas republicanas y el uso honesto de los recursos públicos en beneficio exclusivo de la comunidad.