Tras el violento episodio registrado en el barrio privado La Isla de Nordelta y las medidas dispuestas por los tribunales de Tigre, el futbolista Mauro Icardi rompió el silencio y difundió un duro comunicado oficial firmado por sus abogados defensores. A través de sus plataformas digitales, el equipo legal del delantero rechazó categóricamente las acusaciones por presuntas agresiones físicas contra su hija Francesca, desmintió las versiones sobre una orden de detención vigente y cuestionó con dureza el procedimiento policial que derivó en el secuestro de sus dispositivos electrónicos.

El escrito judicial y mediático fue dado a conocer horas después de que el Juez de Garantías N° 2 de Tigre, Orlando Abel Díaz, le otorgara la eximición de prisión en la causa que investiga presuntas lesiones leves agravadas. No obstante, la resolución mantuvo plenamente vigente la medida cautelar que le prohíbe al deportista acercarse a menos de 300 metros de la menor o mantener cualquier tipo de contacto con ella por un plazo de 45 días, fijando a su vez un límite de cinco días para que se presente a estar a derecho en sede judicial.

La desmentida sobre las lesiones y la situación procesal de eximición de prisión

En el inicio del documento, los representantes letrados de Icardi fundamentaron la necesidad de fijar postura ante la cascada de trascendidos que circularon tras la denuncia penal presentada por Wanda Nara. Respecto a la acusación central por agresiones a la menor de 11 años, la defensa sostuvo de forma enfática: «Sobre los hechos: Mauro Icardi jamás le pegó a su hija. El informe del servicio de emergencias que la asistió es categórico: no se constataron lesiones. La referencia posterior a la rodilla corresponde a una lesión preexistente, de público y notorio conocimiento».

Asimismo, el comunicado profundizó la crítica sobre la exposición pública del conflicto familiar y lamentó que las hijas del matrimonio queden involucradas en las disputas entre sus progenitores. «La secuencia de los hechos y los elementos de la causa permitirán apreciar con claridad el contexto en que se produjo este episodio, cuyo estilo y modalidad no resultan novedosos. Lamentamos, una vez más, que las niñas queden expuestas como instrumento de una disputa entre adultos», señalaron.

En relación con los rumores de una inminente detención del jugador del Galatasaray, los letrados desestimaron por completo esa posibilidad. «Sobre la supuesta detención: es falsa. El Juzgado de Garantías interviniente concedió a Mauro Icardi la eximición de prisión. No existe orden de detención en su contra», manifestaron, ratificando la vigencia de las instancias procesales iniciadas en Comodoro Py y la justicia de Tigre.

Las duras críticas al operativo policial y el pedido sobre los peritajes tecnológicos

Uno de los tramos más severos del descargo legal estuvo dirigido contra la actuación policial y judicial durante el registro del inmueble en Nordelta, donde las fuerzas de seguridad procedieron al secuestro de la computadora personal y el teléfono celular del deportista. La defensa tildó la medida de «innecesaria» y sugirió un manejo de la causa orientado al impacto mediático.

«Sobre el allanamiento: es cierto que hubo un allanamiento en el domicilio de Mauro Icardi, y lo consideramos innecesario. Para obtener la computadora y el teléfono celular que se secuestraron bastaba con ordenar que fueran presentados, bajo apercibimiento de proceder a su secuestro, tal como lo prevé el artículo 227 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires. Entendemos, por eso, que la medida buscó ser más efectista que eficaz. Resulta triste advertir semejante celeridad cuando los protagonistas son personas conocidas, mientras que tantas otras, expuestas a situaciones verdaderamente lacerantes, terminan peregrinando de una oficina a otra hasta que sus causas quedan olvidadas en un cajón. Ni siquiera el temor a que se eliminara información la justificaba: la tecnología forense actual permite recuperar los datos borrados», detallaron en el texto.

Finalmente, los abogados expresaron que exigirán que la Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Violencia de Género preserve la cadena de custodia sobre el material incautado para evitar manipulaciones. «Somos los primeros interesados en que esos dispositivos sean peritados, porque de ellos surgirá que los hechos no ocurrieron como han trascendido públicamente. Por ello hemos solicitado al Sr. Fiscal que, habiéndolos secuestrado, los conserve bajo su custodia y responsabilidad hasta la pericia, tal como lo establece el artículo 226 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, y que no los entregue a la otra parte, a fin de evitar cualquier alteración de la prueba», concluyeron, solicitando además respeto por la intimidad de las menores.