La disputa judicial y política en torno al patrimonio del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, sumó un nuevo y gravísimo capítulo en los tribunales federales. La diputada nacional Marcela Pagano formalizó una ampliación de su denuncia penal contra el funcionario nacional e incorporó ante la Justicia nuevos registros oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que dan cuenta de abultados pasivos financieros sostenidos por su esposa, Bettina Angeletti. En el mismo escrito presentado ante el juzgado a cargo de Ariel Lijo, la legisladora exigió profundizar de forma urgente la investigación, rechazar el traspaso de la causa a otro fuero y citar a Adorni a prestar declaración indagatoria.

La presentación judicial cuestionó de manera categórica el dictamen del fiscal Gerardo Pollicita, quien había considerado que no existían elementos de prueba suficientes para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito durante el paso de Adorni por la función pública, recomendando a su vez que el expediente deje de tramitarse en Comodoro Py para pasar a la Justicia Penal Económica por presuntas infracciones tributarias. Frente a esta postura, Pagano remarcó que las explicaciones ofrecidas por la defensa sobre el origen de los fondos y supuestas inversiones en criptomonedas no fueron debidamente peritadas, e insistió en que las nuevas pruebas bancarias justifican acabadamente la continuidad de la investigación penal.

El detalle de los gastos millonarios y la evolución de los pasivos bancarios

Los nuevos elementos incorporados a la causa corresponden a los informes brindados por el Banco Galicia a la Central de Deudores del BCRA a nombre de Bettina Angeletti. Según el desglose detallado por la diputada a través de sus canales oficiales, las obligaciones financieras de la mujer del Jefe de Gabinete mostraron un crecimiento exponencial a lo largo del año: en abril registraban $3,9 millones; en mayo ascendieron a $5,3 millones; en junio alcanzaron los $13,8 millones; en julio se ubicaron en $13,4 millones; en agosto en $13,3 millones; y llegaron a su pico máximo en el mes de septiembre con $18 millones de pesos, acumulando un total que supera los $58 millones en obligaciones registradas en situación normal.

Pagano contrastó estos millonarios compromisos financieros con la masa de ingresos lícitos declarados por el grupo familiar durante la gestión de Adorni, los cuales habían sido calculados por la propia fiscalía en aproximadamente $229 millones. Ante la evidente desproporción entre la capacidad de gasto y los sueldos percibidos en la función pública, la denuncia solicitó formalmente que el juez Lijo libre nuevos requerimientos de información a las entidades bancarias y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Asimismo, la legisladora fundamentó que las averiguaciones deben abarcar obligatoriamente los meses posteriores al cese de sus funciones ejecutivas, recordando que la figura de enriquecimiento ilícito estipulada en el artículo 268 del Código Penal faculta la investigación de los funcionarios hasta dos años después de haber abandonado el cargo.

El doble estándar de la Casa Rosada frente al modelo de transparencia provincial y municipal

Las severas sospechas que cercan al jefe de Gabinete Manuel Adorni ponen al descubierto una vez más la marcada contradicción y el doble discurso que caracterizan a la administración nacional de Javier Milei. Mientras desde el Ejecutivo libertario se promueve un feroz plan de ajuste económico que asfixia a los trabajadores, congela las partidas para las universidades públicas y quita medicamentos esenciales a los jubilados, sus principales figuras enfrentan graves cuestionamientos judiciales por erogaciones millonarias en efectivo, pasivos bancarios sin justificar y compras inmobiliarias de dudosa procedencia.

Esta opacidad del Gobierno nacional contrapone de forma absoluta con los estándares de ética republicana, control fiscal y transparencia que caracterizan al gobierno de la provincia de Buenos Aires conducido por Axel Kicillof y a la gestión municipal de Bahía Blanca impulsada por el intendente Federico Susbielles. Frente al vaciamiento de las arcas públicas y el desamparo generado por la Casa Rosada, tanto el gobierno provincial bonaerense como la administración local bahiense afianzan de forma cotidiana un esquema de trabajo enfocado en la contención social, el uso eficiente de los recursos estatales, el sostenimiento de la obra pública y la permanente rindiación de cuentas ante la ciudadanía.