Una profunda y compleja problemática vinculada a las condiciones sanitarias, laborales y ambientales que atraviesan los establecimientos educativos situados en el ámbito rural de la provincia de Buenos Aires volvió a instalarse con fuerza en la agenda pública provincial. Un bloque compuesto por más de 165 organizaciones sindicales, gremiales y colectivos socioambientales, respaldado de manera directa por la firma de más de 3.000 ciudadanos, presentó formalmente un petitorio ante la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) para exigir al Estado provincial el reconocimiento legal de las enfermedades laborales contraídas por la exposición crónica a agrotóxicos, la garantía de suministro permanente de agua segura y el establecimiento de zonas de resguardo perimetral estrictas frente a las fumigaciones agrícolas.

La presentación oficial, concretada en las dependencias educativas de la ciudad de La Plata, sintetiza años de reclamos acumulados, denuncias silenciadas y expedientes administrativos demorados en distintos municipios bonaerenses. El planteo interpeló de lleno a las estructuras estatales, poniendo nuevamente bajo debate la eficacia de los mecanismos vigentes de prevención de riesgos del trabajo, las responsabilidades institucionales de control y la protección integral de la salud de las comunidades que desarrollan sus actividades cotidianas en las aulas rurales.

Sindicatos unidos: el pedido de reconocimiento laboral y vigilancia médica

Entre las numerosas agrupaciones firmantes del petitorio se destacan seccionales de peso sindical y entidades de la educación y el ambientalismo, tales como SUTEBA Marcos Paz, SUTEBA Tigre, UDOCBA Luján, la Asociación de Maestros Rurales Argentinos (AMRA), la Campaña por el Agua Limpia en las Escuelas (CALE) y el Encuentro de Pueblos Fumigados por la Agroecología y el Buen Vivir, entre otras organizaciones sociales.

El núcleo central de la demanda gremial consiste en exigir que las patologías y dolencias derivadas de la exposición laboral a plaguicidas sean formalmente incorporadas y reconocidas como enfermedades profesionales dentro del sistema de riesgos del trabajo, contemplando incluso criterios de carácter retroactivo para los casos ya diagnosticados. Las entidades firmantes sostienen con firmeza que los docentes, directivos, auxiliares y personal de servicio que desempeñan sus labores diarias en escuelas linderas a campos cultivados e inmersas en zonas de producción intensiva requieren con urgencia protocolos específicos de prevención, un seguimiento médico periódico y una cobertura sanitaria integral garantizada.

Asimismo, el petitorio exige la puesta en marcha de programas permanentes de vigilancia epidemiológica para la comunidad educativa, la realización de análisis químicos integrales sobre las fuentes de abastecimiento hídrico, la provisión inmediata de agua potable en bidones o redes seguras, y la ampliación de las distancias de resguardo entre los lotes sometidos a aplicaciones agroquímicas y los edificios escolares. Si bien las primeras expresiones públicas de este reclamo comenzaron a difundirse con fuerza a mediados de septiembre, la formalización institucional a través del petitorio colectivo elevó el nivel de exigencia, recordando que la protección ambiental y sanitaria debe alcanzar tanto a los trabajadores de la educación como a los miles de alumnos que concurren diariamente a clases.

Agua bajo análisis: detectan agrotóxicos y altos niveles de nitratos en escuelas de nueve partidos

Uno de los insumos técnicos más sólidos que respaldan la presentación gremial surge de un riguroso relevamiento efectuado por la organización Campaña por el Agua Limpia en las Escuelas (CALE), entidad que sistematizó y analizó una serie de estudios científicos realizados entre los años 2019 y 2022 en más de 35 establecimientos educativos rurales distribuidos en nueve municipios de la provincia de Buenos Aires.

Las muestras de agua analizadas procedían de escuelas públicas ubicadas en los partidos de Baradero, Exaltación de la Cruz, Lobos, Marcos Paz, Navarro, General Pueyrredón, Pergamino, San Miguel del Monte y Tandil. Los resultados de laboratorio constataron la presencia de múltiples sustancias químicas e hidrocarburos utilizados habitualmente en las labores agrícolas intensivas, registrándose trazas de principios activos como atrazina, glifosato, su metabolito AMPA y el herbicida 2,4-D, además de concentraciones elevadas de compuestos inorgánicos como nitratos y metales pesados como el arsénico.

Los datos obtenidos en terreno revelan situaciones de extrema vulnerabilidad sanitaria. Por ejemplo, en una escuela secundaria rural situada en el cordón hortícola del partido de General Pueyrredón, los análisis químicos detectaron una concentración de 89 miligramos de nitratos por litro de agua, un valor que casi duplica el límite máximo de referencia tolerado por las normativas de potabilidad. En idéntico sentido, en otros establecimientos educativos relevados se mensuraron concentraciones de glifosato que alcanzaron los 14,1 y los 22,3 microgramos por litro, superando ampliamente los parámetros de precaución ambiental.

Estos alarmantes hallazgos llevaron a las organizaciones impulsoras del petitorio a exigir que los controles oficiales del agua escolar dejen de limitarse a los habituales análisis bacteriológicos de potabilidad —enfocados únicamente en la detección de bacterias coliformes— y pasen a incorporar de manera obligatoria estudios físico-químicos complejos capaces de identificar residuos de agroquímicos y metales pesados en las napas subterráneas utilizadas para el consumo humano. Hasta tanto se garanticen obras definitivas de saneamiento, los colectivos socioambientales reclaman la provisión estatal ininterrumpida de agua segura para los alumnos y docentes.

Antecedentes judiciales y los casos testigos que marcaron un antes y un después

El reclamo gremial y sanitario presentado ante la administración provincial recupera como mojones históricos las luchas individuales y colectivas protagonizadas por docentes rurales que dedicaron su vida a visibilizar los estragos sanitarios del modelo agroexportador. Entre ellos se destaca de manera excluyente la figura de Ana Zabaloy, maestra y directora de una escuela rural en la localidad bonaerense de San Antonio de Areco, quien denunció incansablemente durante años las fumigaciones furtivas realizadas en los linderos del establecimiento escolar y los cuadros patológicos recurrentes que padecían los niños y docentes. Zabaloy falleció en junio de 2019 tras transitar una prolongada enfermedad oncológica, sin haber logrado que el Estado reconozca formalmente el origen laboral de su patología.

En la misma línea, el petitorio evoca el precedente judicial protagonizado por Estela Lemes, docente de una escuela rural de Costa Uruguay Sur, quien también sufrió graves secuelas neurológicas y motrices tras quedar expuesta a las aplicaciones terrestres y aéreas realizadas en campos vecinos. Tras una larga batalla legal, en el año 2021 la Cámara de Apelaciones de Gualeguaychú dictó un fallo histórico reconociendo judicialmente la relación directa entre las afecciones de salud de la docente y las condiciones ambientales de su lugar de trabajo, ordenando a la aseguradora de riesgos del trabajo (ART) otorgar cobertura médica integral e indemnización económica.

A estos antecedentes jurisprudenciales se suman los resultados de una investigación impulsada en 2024 por el gremio docente AMSAFE Rosario en la vecina provincia de Santa Fe. El estudio, realizado sobre una muestra de 32 trabajadores de la educación que cumplían funciones en escuelas rurales rodeadas de cultivos extensivos, detectó la presencia de marcadores biológicos de alteraciones genéticas, aportando evidencia científica sobre el impacto celular de la exposición ambiental y fundamentando nuevos pedidos de protección laboral.

La controversia regulatoria: proyectos legislativos y la suspensión de zonas de amortiguamiento

La discusión en torno a la necesidad de fijar perímetros de resguardo y prohibir las pulverizaciones en las inmediaciones de los establecimientos escolares cuenta con antecedentes directos en el ámbito legislativo bonaerense. En abril de 2025, la diputada provincial Sabrina Sabat ingresó a la Cámara baja un proyecto normativo orientado a prohibir de manera tajante la realización de fumigaciones terrestres y aéreas en terrenos colindantes con las escuelas rurales de la provincia. La iniciativa contemplaba además la obligación de contar con la presencia física de un asesor agronómico matriculado durante las labores de aplicación, la notificación fehaciente a las autoridades escolares con 48 horas de anticipación y la aplicación de severas sanciones punitivas a los infractores.

En el plano estrictamente normativo, la regulación provincial sobre el uso de fitosanitarios ha transitado un camino plagado de controversias judiciales y prórrogas administrativas. La histórica Resolución 246/2018, dictada originalmente para fijar zonas de amortiguamiento y protección en áreas sensibles, quedó suspendida y fue prorrogada en reiteradas oportunidades. Recientemente, mediante la Resolución 162/2026 emitida en mayo por el Ministerio de Desarrollo Agrario conducido por Javier Rodríguez, la suspensión de dichos radios de exclusión fue extendida por otros 120 días corridos a contar desde el vencimiento del plazo anterior, manteniendo abierta la incertidumbre jurídica.

De manera paralela, el Ejecutivo provincial instrumentó la Resolución 567/2025, a través de la cual se estableció la obligatoriedad absoluta de utilizar el Sistema de Gestión Integral de la Receta Agronómica Obligatoria (SIGIRAO), aprobando asimismo un protocolo formal para radicar denuncias ante aplicaciones indebidas de agroquímicos. Sin embargo, para los colectivos socioambientales y las organizaciones sindicales firmantes del petitorio, estas herramientas burocráticas resultan insuficientes para frenar la contaminación, insistiendo en la necesidad imperiosa de consensuar distancias de protección de al menos 1.000 metros para fumigaciones terrestres y 3.000 metros para aplicaciones aéreas, tal como reclaman los movimientos de pueblos fumigados de todo el país.

Dos modelos en pugna: la exigencia de salud frente a la defensa de la rentabilidad productiva

El conflicto desatado en torno a las escuelas rurales pone de manifiesto una tensión estructural entre dos visiones antagónicas sobre el modelo de desarrollo productivo y el rol del Estado. Mientras las entidades del sector agropecuario corporativo y las cámaras de productores reclaman previsibilidad jurídica, reglas claras basadas en estrictos criterios técnicos agronómicos y rechazan restricciones que consideren arbitrarias para la competitividad de las explotaciones rurales, las organizaciones sindicales, los científicos independientes y las agrupaciones socioambientales priorizan el principio precautorio en defensa de la salud pública y la vida de las infancias.

Este debate sobre la sustentabilidad ambiental y los derechos laborales en el ámbito rural contrasta fuertemente con la centralidad que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, y las administraciones municipales comprometidas con la gestión territorial —como la de Federico Susbielles en Bahía Blanca— otorgan a la presencia de un Estado activo que garantice infraestructura social básica, educación de calidad y protección sanitaria. No obstante, la magnitud del reclamo presentado por más de 165 organizaciones coloca a la Dirección General de Cultura y Educación y a las carteras de Salud y Desarrollo Agrario ante la imperiosa necesidad de brindar respuestas institucionales concretas que trasciendan la coyuntura y resuelvan una deuda histórica con las comunidades educativas del interior bonaerense.