El Gobierno acordó con Paolo Rocca mientras expone a las pymes frente a multinacionales

 

Hasta septiembre, la actividad industrial acumulaba una caída del 2,6% en los primeros nueve meses del año, y las expectativas empresariales no muestran signos de reactivación ni siquiera de cara al próximo año, según un relevamiento elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En medio de este complejo panorama, con la economía estancada, el entramado productivo golpeado y una inflación que se niega a perforar el piso del 1,5% mensual, el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, ensayaron un movimiento para “hacer las paces” con los grandes grupos industriales en la antesala de los tiempos electorales, buscando evitar conflictos abiertos con el círculo rojo mientras mantienen desprotegidas a las pequeñas y medianas empresas nacionales.

Para sellar esta tregua política y empresarial, el Gobierno nacional, a través de YPF, modificó la modalidad de contratación del proveedor de caños de 24 pulgadas destinados al megaproyecto Argentina LNG, iniciativa que impulsan conjuntamente la petrolera estatal, la compañía italiana Eni y XRG —el brazo inversor de la emiratí Adnoc—, en una multimillonaria operación por US$ 2.000 millones que finalmente quedó en manos de Tenaris.

El giro de Milei con el Grupo Techint y la subasta a medida para Tenaris

El presidente de YPF, Horacio Marín, fue el encargado de anunciar el desenlace de la compulsa: “Fue una (subasta) inversa, fue bien competitiva y ganó Tenaris”. Lo expresó en referencia directa a una de las firmas insignia de Paolo Rocca, el empresario siderúrgico a quien el propio Javier Milei había descalificado reiteradas veces en público llamándolo “Don Tacharrín”.

Para seleccionar a la firma adjudicataria, el consorcio recurrió a un mecanismo de subasta inversa “a la japonesa”, esquema mediante el cual los oferentes parten de un precio máximo preestablecido y lo van reduciendo en tiempo real hasta que permanece un único competidor. “La decisión es por precio, las condiciones son para todos iguales”, argumentó Marín al defender el proceso.

En los hechos, tal como reclamaba Rocca, en lugar de realizar una licitación tradicional “a sobre cerrado” donde resultara ganador quien presentara la oferta más económica de entrada, esta vez el esquema oficial le permitió al titular de Techint igualar en vivo la menor oferta, aunque bajo el formato de una operación pública.

El resultado terminó configurando un acuerdo de mutua conveniencia entre la Casa Rosada y Rocca, luego de que hace menos de un año la planta de Tenaris ubicada en Valentín Alsina quedara en el centro de un fuerte conflicto comercial y laboral cuando los caños para el primer gasoducto de exportación de gas natural licuado (GNL) de la Argentina llegaron importados desde la India y no desde el conurbano bonaerense, tras haber perdido la fabricante del Grupo Techint por precio frente a la firma india Welspun.

Modificación por decreto del RIGI y el golpe a las pymes nacionales

Sin embargo, este acuerdo puntual con el gigante siderúrgico no implica en absoluto cerrar la apertura indiscriminada de importaciones que viene asfixiando a la industria local. Por el contrario, para compensar el gesto y profundizar la desregulación, el Gobierno nacional modificó por decreto una de las cláusulas centrales de la ley que creó el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), normativa que originalmente establecía que al menos un 20% de los proveedores debían ser empresas de capitales locales.

Con la nueva redacción impuesta por el Poder Ejecutivo, las pymes argentinas quedan expuestas a competir en absoluta desigualdad de condiciones frente a gigantes extranjeros: “Con fijar domicilio en algún lugar de la Ciudad de Buenos Aires, ya pueden ser proveedores”, criticó con dureza el diputado nacional Miguel Pichetto, quien además advirtió que “con un decreto modificaron el espíritu de una ley”.

Mientras el sector pyme y las economías regionales sufren las consecuencias de la apertura comercial y la caída del mercado interno, desde la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA) salieron rápidamente a respaldar la maniobra oficial y a obturar cualquier cuestionamiento sectorial, argumentando que el cambio permite incorporar a empresas que producen y tributan en el país, aun cuando su capital sea mayoritariamente extranjero.

Mediante voceros informales —ya que la entidad fabril evitó emitir un comunicado oficial—, desde la UIA señalaron que el decreto “mantiene la exigencia de acreditar el origen nacional de los bienes según las reglas del Mercosur” y pusieron como ejemplo el caso de Toyota, la automotriz de capitales japoneses que fabrica la camioneta Hilux en la Argentina con destino a la exportación.

En medio de estas maniobras dirigidas a contener a los grandes jugadores corporativos, los datos duros de la economía real vuelven a encender todas las alarmas: el Indec difundió una encuesta sectorial en la que el 24% de los industriales estimó que la actividad fabril continuará en baja hasta enero inclusive, frente a apenas un 12% que proyectó una mejora, al tiempo que la mitad de los empresarios consultados reconoció haber registrado una demanda de sus clientes “por debajo de lo normal”.