Impulsan en Buenos Aires una ley integral contra la violencia de género
La respuesta institucional frente a la violencia de género en la provincia de Buenos Aires podría incorporar un nuevo marco legal destinado a reunir medidas de protección judicial, asistencia territorial y herramientas concretas para recuperar la autonomía económica. El proyecto presentado por la senadora provincial de Fuerza Patria, Mónica Macha, busca ampliar el abordaje estatal mucho más allá del ámbito estrictamente familiar y reconocer distintas formas de agresión contemporáneas, incluidas aquellas que ocurren en entornos digitales, marcando un fuerte contraste entre el compromiso del Gobierno bonaerense y el desmantelamiento de políticas públicas ejecutado por la administración nacional.
Actualmente, la iniciativa permanece bajo análisis en la Comisión de Igualdad Real de Trato y Oportunidades y de Discapacidad del Senado bonaerense. “Buscamos fortalecer las herramientas del Estado bonaerense”, expresó la legisladora a través de sus redes sociales al fundamentar el sentido político y social de la propuesta.
El debate parlamentario se desarrolla frente a una problemática cuya gravedad queda expuesta en los registros judiciales oficiales: durante el año 2025, el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires contabilizó un total de 146.046 procesos penales vinculados con hechos de violencia familiar y de género, lo que representa un incremento respecto de las 144.972 causas registradas durante 2024.
Qué busca cambiar respecto del marco normativo vigente
El punto de partida de la reforma es la Ley 12.569 de Violencia Familiar, promulgada en diciembre de 2000 y publicada en enero de 2001, normativa que regula los mecanismos de denuncia y protección existentes hasta hoy. Frente a ese esquema, la propuesta de Mónica Macha pretende establecer un régimen específico e integral para abordar las violencias por motivos de género, con alcance directo sobre mujeres y diversidades.
“Tenemos una ley provincial que previene la violencia familiar, pero falta una herramienta específica”, sostuvo la senadora al explicar la necesidad de actualizar la legislación vigente. Su diagnóstico apunta a reunir en una única normativa bonaerense las distintas dimensiones que hacen a la prevención, la asistencia integral y la reparación.
El articulado contempla siete tipos de violencia: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica, política y vicaria. Además, reconoce modalidades que pueden desarrollarse tanto en espacios públicos como privados y mediante el uso de tecnologías digitales.
La ampliación de los sujetos protegidos constituye otro de los ejes centrales del proyecto. En ese sentido, Macha recordó que la ley nacional de protección integral fue sancionada en 2009, es decir, con anterioridad a la Ley de Identidad de Género, por lo que defendió la necesidad de contemplar de manera expresa en el texto provincial a las diversidades sexuales.
Violencia digital: retirar contenidos y preservar las pruebas
Uno de los capítulos innovadores del proyecto propone herramientas concretas para intervenir con celeridad frente a las agresiones perpetradas mediante plataformas digitales, aplicaciones y otros canales tecnológicos. El mecanismo incluye la posibilidad de solicitar por vía judicial la eliminación inmediata de contenidos violentos, la prohibición de contacto digital y la conservación rigurosa de las evidencias informáticas.
La iniciativa distingue claramente entre la urgencia de frenar la circulación del material dañino y la necesidad procesal de preservar los datos técnicos indispensables para investigar y sancionar a los responsables. Asimismo, contempla asistencia jurídica especializada, resguardo de la intimidad de las víctimas y medidas urgentes de protección.
En el plano nacional existe como antecedente la Ley Olimpia (Ley 27.736), que incorporó en 2023 la violencia digital dentro de la Ley 26.485. Dicha norma faculta a ordenar el cese del hostigamiento tecnológico, prohibir todo tipo de contactos y disponer la supresión de publicaciones mediante una orden judicial fundada que identifique el contenido específico, junto con el aseguramiento de los datos informáticos.
La violencia vicaria, garantías procesales y redes de acompañamiento
La incorporación de la figura de la violencia vicaria apunta a reconocer jurídicamente aquellas situaciones en las que se busca dañar a una mujer mediante agresiones dirigidas contra sus hijos e hijas u otras personas significativas de su entorno. Macha vinculó especialmente este reconocimiento con los casos en los cuales la ruptura del vínculo de pareja no pone fin a las conductas violentas.
En su fundamentación, la senadora advirtió que esas agresiones suelen trasladarse hacia las infancias cuando la mujer logra separarse del agresor. También defendió la inclusión explícita de la violencia política y de otras formas de hostigamiento que exceden los límites tradicionales del ámbito doméstico.
El proyecto establece además garantías procesales fundamentales: dispone que las partes sean escuchadas por separado en las audiencias judiciales y excluye taxativamente la mediación o conciliación en este tipo de procedimientos, evitando de ese modo la revictimización y la exposición de quienes denuncian a nuevas situaciones de riesgo.
En el plano territorial, el esquema propone fortalecer los servicios municipales gratuitos e interdisciplinarios, los Hogares de Protección Integral, las Casas Abiertas y una red provincial de dispositivos de resguardo, asignando un rol central a la articulación entre organismos para sostener el acompañamiento en cada distrito.
A esa estructura institucional se suman políticas activas de autonomía económica y habitacional, capacitación y formación en oficios y la promoción de experiencias cooperativas y asociativas. El propósito de fondo es que la intervención estatal no se agote en la toma de la denuncia o en el dictado de una medida cautelar, sino que garantice condiciones materiales reales para que las personas puedan salir definitivamente del círculo de violencia.
Cabe señalar que la provincia de Buenos Aires ya cuenta con el Sistema Integrado de Políticas Públicas contra las Violencias por Razones de Género, creado mediante el Decreto 997/2020, marco que reúne dispositivos territoriales, espacios de coordinación y redes de acompañamiento. Por tal motivo, la iniciativa legislativa se articula con una estructura provincial ya en marcha cuyo fortalecimiento presupuestario y operativo formará parte del debate parlamentario.
Los datos detrás de la discusión y el contraste con el ajuste nacional
El informe estadístico del Ministerio Público bonaerense registró 78 víctimas de femicidio durante 2025, investigadas en 74 procesos penales, entre ellas una mujer trans/travesti. Si bien esa cifra resultó inferior a las 98 víctimas contabilizadas en 2024, las causas penales por violencia familiar y de género experimentaron un aumento interanual, reflejando distintas dimensiones de una problemática estructural.
En paralelo, otro relevamiento presentado en junio por el Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense indicó que la violencia doméstica estuvo presente en más del 90% de las situaciones asistidas durante 2024 y 2025. El documento oficial también advirtió un marcado crecimiento de la violencia digital, sumado a severas dificultades vinculadas con la falta de ingresos, el acceso a la vivienda y el aislamiento social, datos surgidos del seguimiento realizado por los dispositivos provinciales.
Al presentar aquellas conclusiones, la ministra Estela Díaz defendió la continuidad y el fortalecimiento de las políticas públicas frente al ajuste nacional: “La sociedad, las vecinas en la calle, no piden menos Estado, todo el tiempo nos piden más y mejor Estado”, afirmó la funcionaria provincial.
En sintonía con esa postura, la senadora Mónica Macha vinculó su proyecto directamente con el retroceso de las políticas nacionales, cuestionando con firmeza el desfinanciamiento de las herramientas federales de prevención y sosteniendo que la Provincia debe profundizar su capacidad de asistencia frente al retiro del Gobierno nacional. Ese diagnóstico político acompaña el trámite de un expediente que aún debe obtener dictamen en comisiones y atravesar el debate en ambas cámaras de la Legislatura bonaerense para definir la articulación entre medidas judiciales, equipos técnicos, alojamiento y recursos destinados a proteger ante la urgencia y sostener el acompañamiento posterior a la denuncia.

