Obras sociales en crisis: la CGT marchará el 26 de noviembre contra el ajuste de Milei

La cgt vuelve a marchar

 

La Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió volver a ganar las calles y se movilizará el próximo jueves 26 de noviembre ante la sede de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) para exigir respuestas urgentes frente a la crítica situación financiera que atraviesan las obras sociales sindicales como consecuencia de las políticas de recorte y desfinanciamiento del Gobierno nacional. La determinación forma parte de un nuevo plan de acción que contempla también ceses parciales de actividades de dos o cuatro horas, acompañados de asambleas en los lugares de trabajo, previstos para mediados de diciembre, mientras que la definición sobre un eventual nuevo paro general quedaría postergada para el año próximo.

La estrategia sindical fue acordada el jueves por la mesa chica cegetista durante una reunión celebrada en la sede del Sindicato del Seguro, ubicada en la calle Carlos Pellegrini 575. Si bien los dirigentes resolvieron avanzar con este esquema de medidas de fuerza progresivas, en la conducción de la central obrera aún mantienen abierta la expectativa de una eventual convocatoria al diálogo por parte de la Casa Rosada, una instancia institucional que había vuelto a mencionarse durante la reciente visita del Papa.

La cúpula de la CGT vuelve a movilizarse frente al ajuste sanitario

De aquel encuentro decisivo participaron los tres cotitulares de la central obrera: Jorge Sola, referente del Sindicato del Seguro; Cristian Jerónimo, del gremio de empleados del vidrio; y Octavio Argüello, dirigente de Camioneros. También dijeron presente Héctor Daer, de Sanidad; Sergio Romero, de la Unión Docentes Argentinos (UDA); Sergio Sasia, de la Unión Ferroviaria; y Guillermo Moser, de Luz y Fuerza, entre otros referentes del movimiento obrero. Por su parte, Andrés Rodríguez, de UPCN, y Gerardo Martínez, de la UOCRA, estuvieron ausentes con aviso previo, ya que este último se encuentra cumpliendo compromisos en Suiza en el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La movilización del jueves tendrá como destino la sede central de la Superintendencia de Servicios de Salud, situada en Bartolomé Mitre al 400. Los equipos técnicos de la CGT describen sin rodeos como “casi terminal” el cuadro financiero que atraviesa el sistema solidario de salud y advierten sobre inminentes cortes de prestaciones médicas y graves dificultades para afrontar los pagos a prestadores. Según ese diagnóstico alarmante, los sindicatos se ven obligados actualmente a destinar recursos propios para sostener la atención sanitaria de sus afiliados, una situación límite que compromete seriamente el funcionamiento general de las organizaciones gremiales.

En busca de una salida institucional, los dirigentes mantuvieron tres reuniones reservadas con el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, en la sede de la UOCRA. Sin embargo, desde la central aseguran que hasta el momento no recibieron ninguna respuesta concreta a las propuestas técnicas presentadas. El último de esos encuentros tuvo lugar a fines de septiembre y, de acuerdo con las fuentes sindicales, el deterioro financiero y operativo del sistema se profundizó aún más desde entonces.

El reclamo por el Fondo Solidario de Redistribución y la denuncia contra Caputo

Uno de los principales cuestionamientos de la CGT se concentra en la administración y distribución del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), organismo que recibe aportes de los trabajadores y empleadores para financiar los reintegros destinados a las obras sociales. De acuerdo con las estimaciones elaboradas por los equipos gremiales, alrededor del 90% de esos recursos se destina actualmente a cubrir prestaciones por discapacidad, lo que implica un desembolso mensual cercano a los $160.000 millones y un promedio próximo al millón de pesos por cada afiliado que requiere ese tipo de cobertura.

Desde la central obrera sostienen que esa concentración de gastos deja un margen prácticamente nulo para reintegrar tratamientos de alta complejidad y medicamentos de altísimo costo. Por ese motivo, la CGT propuso formalmente que las áreas estatales correspondientes aporten al fondo los recursos presupuestarios necesarios para cubrir el transporte y la educación de las personas con discapacidad, un planteo estructural que ya había sido elevado, sin éxito, durante la gestión de Alberto Fernández.

La protesta callejera del próximo jueves se desarrollará además en un escenario atravesado por otras iniciativas sindicales que avanzan en paralelo por fuera de la conducción cegetista. En ese sentido, el titular del gremio de gastronómicos, Luis Barrionuevo, anunció que alrededor de 50 sindicatos presentarán una denuncia judicial contra el ministro de Economía, Luis Caputo, bajo la imputación de presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Las organizaciones gremiales denuncian una supuesta retención indebida de $688.000 millones que, según sostienen en su presentación, pertenecen legítimamente al sistema de obras sociales. Esta ofensiva judicial incrementa la presión política y gremial sobre el Palacio de Hacienda en medio de la disputa por los fondos indispensables para garantizar la atención médica de millones de trabajadores y sus familias.

Cómo será la modalidad de protesta prevista para diciembre

De cara a mediados de diciembre, la CGT prepara una interrupción parcial de tareas de entre dos y cuatro horas por turno, modalidad durante la cual los trabajadores permanecerán dentro de sus establecimientos laborales y participarán de asambleas informativas y deliberativas. Con este formato, la conducción busca diferenciar la medida de un paro general tradicional, logrando que el reclamo tenga alto impacto y visibilidad sin provocar la pérdida del salario del día ni el descuento del presentismo en un contexto económico sumamente adverso para el bolsillo asalariado.

Esa preocupación ya había quedado expuesta a fines de octubre, cuando la mesa chica ampliada resolvió postergar la convocatoria a una nueva huelga nacional. “No se le puede joder la vida a la gente”, había advertido entonces uno de los referentes cegetistas al fundamentar la necesidad de impulsar acciones gremiales que no trasladaran un costo económico adicional a los trabajadores que adhirieran a las protestas.

En el análisis de la dirigencia sindical también pesa una evaluación estrictamente política: algunos referentes consideran que otra huelga general no llevaría al presidente Javier Milei a revertir sus políticas de ajuste y podría, en cambio, ser capitalizada discursivamente por el mandatario para confrontar con el sindicalismo y fortalecer su proyecto de reelección.

Cabe recordar que la CGT ya llevó adelante cuatro paros generales contra la gestión de Javier Milei. De este modo, un eventual quinto paro nacional quedaría postergado recién para el próximo año, mientras que el calendario inmediato de lucha combina la movilización del jueves 26 de noviembre frente a la Superintendencia de Servicios de Salud con las jornadas de asambleas y ceses parciales de actividades en diciembre, cuya fecha exacta y duración definitiva terminarán de definirse en los próximos días.