La causa judicial por la mayor crisis sanitaria del país cuenta con 14 procesados, pero las familias denuncian un «freno» administrativo en las historias clínicas y la falta de leyes de trazabilidad que garanticen la seguridad de los medicamentos de alto riesgo.

A un año de que las primeras muertes por fentanilo adulterado sacudieran los cimientos del sistema de salud argentino, el panorama combina avances en los tribunales con un estancamiento crítico en las respuestas del Estado. La crisis, que dejó un saldo de 111 víctimas fatales y 48 sobrevivientes con secuelas, expuso una fragilidad estructural en el control de fármacos que, según denuncian las familias, aún no ha sido corregida.

El expediente, instruido por el juez federal Ernesto Kreplak, tiene como hitos iniciales la muerte de Renato Nicolini (18) y el posterior hallazgo de lotes contaminados (31.202 y 31.244) producidos por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo. Actualmente, hay 14 procesados, incluyendo a los propietarios de las firmas y directivos técnicos, bajo cargos de adulteración de sustancias medicinales que prevén penas de hasta 25 años de prisión.

El «muro» de las historias clínicas

Uno de los mayores obstáculos para la justicia no proviene de los laboratorios, sino de los centros de salud. El Cuerpo Médico Forense advirtió que en gran parte de los 159 casos analizados no se pudo establecer un vínculo microbiológico concluyente debido a que los datos de la infección no fueron debidamente asentados en las historias clínicas. Esta «reticencia» administrativa impide probar de manera fehaciente que el fentanilo fue la causa directa de la muerte, lo que podría alivianar la calificación legal de los acusados.

Sin respuestas del Ejecutivo provincial

En Santa Fe, provincia que concentró casi la mitad de los fallecimientos (49 víctimas), la relación entre las familias y el Gobierno ha sido de una espera sistemática. Se han presentado tres pedidos formales de audiencia y gestión:

1. Diciembre 2024: Pedido de audiencia con el gobernador Maximiliano Pullaro (sin respuesta).

2. Enero 2025: Gestión ante el Ministerio de Salud a través de la Defensoría del Pueblo (reunión pautada para febrero que nunca se concretó).

3. Febrero 2025: Carta a la Cámara de Diputados solicitando una Ley Integral de Trazabilidad.

Si bien en la Legislatura provincial el proyecto de trazabilidad obtuvo media sanción en el Senado, el tratamiento en Diputados se encuentra empantanado bajo el argumento de especialistas que sostienen que la norma debería ser de alcance nacional y no provincial.

El espejo de las «Propo Fest»

La vigencia del peligro quedó expuesta recientemente con la muerte de un anestesiólogo en Palermo y el descubrimiento de robos sistemáticos de opioides en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Los fármacos eran desviados para las denominadas «Propo Fest», fiestas clandestinas donde se consumían anestésicos con fines recreativos. Para la Comunidad de Familias Fentanilo Rosario, este hecho confirma que los sistemas de alarma y control de medicamentos críticos siguen siendo permeables al fraude y al robo.

Hacia el juicio oral

Mientras la Auditoría General de la Nación (AGN) inicia un proceso de revisión sobre la ANMAT, se estima que la causa judicial podría elevarse a juicio oral a mediados de 2026. A nivel normativo, aunque la ANMAT incorporó el fentanilo al Sistema Nacional de Trazabilidad por disposición administrativa, el reclamo de una ley nacional inalterable sigue siendo la principal bandera de las víctimas para evitar que, ante un cambio de gestión, la trazabilidad vuelva a ser una opción y no una obligación.