Un informe coordinado por Roberto Feletti advierte que el impacto del Pacto de Mayo sobre los presupuestos locales pone en riesgo la gobernabilidad y los servicios esenciales.

Un reciente Informe de Coyuntura, elaborado por la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTreF) y el Senado de la Provincia de Buenos Aires, alertó sobre las consecuencias del plan de ajuste que impulsa el gobierno nacional. Según el estudio, el recorte impactará en las provincias con una poda que alcanzaría los 25.000 millones de dólares, una medida que, según los especialistas, compromete la gobernabilidad y la convivencia social en el territorio.

El trabajo, coordinado por Roberto Feletti, señala que en los últimos dos años el peso de la administración nacional en la economía se redujo del 25% al 15% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivale a un ajuste previo de casi 50.000 millones de dólares. El informe califica esta baja como una «retirada salvaje de la inversión pública y social», advirtiendo que, de consolidarse, impediría la recuperación del consumo interno, motor principal de la economía argentina.

La magnitud del nuevo recorte surge a partir del Pacto de Mayo, mediante el cual el Gobierno estableció un tope del 25% del PIB para el gasto del sector público consolidado (Nación, provincias y municipios). Dado que el gasto estatal nacional se mantiene en el 15%, las provincias deberán limitarse al 10% restante. Este techo contradice el promedio histórico de gasto público consolidado de provincias y municipios, que se ubica en el 15% del PIB. Según el documento, un recorte de 5 puntos del PIB para ajustarse a este tope equivale a la poda mencionada de 25.000 millones de dólares.

La investigación enfatiza que el ajuste ha pasado por el sistema previsional, las universidades, la obra pública y los programas de protección social, alcanzando ahora a las administraciones provinciales y municipales. Al tratarse de jurisdicciones que brindan servicios de salud, educación y seguridad, el informe advierte que inducirlas a un recorte de esta dimensión impactará directamente en comunidades ya afectadas por la caída de la actividad económica y el aumento en los costos de servicios.

Finalmente, el análisis cuestiona la sostenibilidad del modelo actual. El informe sostiene que, a diferencia de la década del 90, el gobierno de Javier Milei no cuenta con un ingreso masivo de capitales derivado de privatizaciones o emisión de deuda. Bajo esta premisa, los autores subrayan que la sociedad argentina, definida como una «sociedad lacerada», será la única que podrá fijar el límite político a este esquema de ajuste.