Según reveló The New York Times, los gobiernos de Argentina y Estados Unidos mantienen conversaciones avanzadas para sellar un acuerdo que permitiría a la Casa Blanca deportar a inmigrantes de terceros países hacia territorio argentino. Las negociaciones se dan en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses y de un alineamiento político cada vez más estrecho entre Javier Milei y Donald Trump.

Argentina se encuentra en negociaciones con Estados Unidos para convertirse en destino de migrantes deportados por la administración norteamericana. Así lo aseguró este viernes The New York Times, que citó fuentes oficiales y documentos gubernamentales que dan cuenta de tratativas en curso entre Washington y Buenos Aires.

El eventual acuerdo se enmarca en un amplio operativo de deportaciones impulsado por el gobierno de Donald Trump, que incluyó redadas migratorias en distintas ciudades de Estados Unidos y provocó protestas sociales, cuestionamientos judiciales y tensiones dentro del propio escenario político estadounidense.

De acuerdo con la publicación del prestigioso medio, la iniciativa habría partido desde Estados Unidos y se maneja con fuerte hermetismo. El objetivo sería contar con países aliados dispuestos a recibir inmigrantes expulsados que no son ciudadanos estadounidenses ni del país receptor original, una estrategia que Washington ya puso en práctica con otras naciones de la región.

En ese sentido, Estados Unidos ya concretó deportaciones hacia países como Costa Rica, El Salvador y Panamá, acuerdos que también fueron objeto de impugnaciones judiciales, aunque hasta el momento los tribunales permitieron que continúen. De cerrarse el entendimiento, Argentina se sumaría a ese grupo de países latinoamericanos que aceptaron convertirse en destino de migrantes deportados.

Según el New York Times, las conversaciones reflejarían el interés del presidente Javier Milei en fortalecer su vínculo político y estratégico con la administración Trump, en línea con una política exterior que busca un alineamiento explícito con Washington. No obstante, el propio artículo señala que dentro del gobierno argentino existen preocupaciones vinculadas al eventual impacto social, económico y logístico de un acuerdo de este tipo.

Entre los principales obstáculos aparecen el posible rechazo social, la falta de infraestructura para alojar y trasladar migrantes, y el costo financiero que implicaría para el Estado argentino, en un contexto de fuerte ajuste fiscal y recorte del gasto público.

Durante el año pasado, Argentina ya fue destino de algunos vuelos de deportación provenientes de Estados Unidos, aunque en esos casos se trató exclusivamente de ciudadanos argentinos expulsados del país norteamericano.

El eventual acuerdo también se inscribe en un contexto de endurecimiento del discurso oficial en materia migratoria. Esta semana, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, informó que unas 5.000 personas extranjeras fueron expulsadas, inadmitidas, capturadas o extraditadas del país en el último período, como parte de una política de mayor control sobre el ingreso y la permanencia de migrantes.

Hasta el momento, ni la Cancillería argentina ni el Departamento de Estado de Estados Unidos realizaron comentarios oficiales sobre el estado de las negociaciones. Mientras tanto, el posible acuerdo abre un debate sensible sobre política migratoria, soberanía, derechos humanos y el rol de Argentina en el nuevo escenario regional.