El bloque liderado por Cristian Ritondo condicionó su apoyo a la reforma laboral libertaria. Pese a la presión de la Casa Rosada para sancionar la ley antes del 1 de marzo, el macrismo exige modificar artículos sensibles sobre licencias médicas y el uso de billeteras virtuales, lo que obligaría a que el proyecto regrese al Senado.

Tensión legislativa: el oficialismo entre la urgencia y la presión de sus aliados

El intento del Gobierno por aprobar la reforma laboral antes de la apertura de sesiones ordinarias ha quedado atrapado en una compleja trama de internas y concesiones. La estrategia oficial, encabezada por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, apunta a una sanción definitiva inmediata para evitar que el texto retorne al Senado, un escenario que la Casa Rosada busca eludir para no dilatar los tiempos políticos.

Sin embargo, el PRO ha endurecido su postura. El jefe de la bancada, Cristian Ritondo, confirmó que, si bien acompañarán la ley en términos generales, rechazarán el nuevo régimen de licencias por enfermedad y accidentes incorporado por la Cámara Alta. Según Ritondo, la redacción actual reduce los niveles de protección, afecta los plazos de licencia paga y no garantiza el 100% del salario durante el período de convalecencia. «La solución no puede ser recortar derechos de quienes realmente están enfermos», sentenció el legislador, subrayando la necesidad de seguir la vía institucional aunque esto retrase el cronograma oficial.

El factor «Billetín» y la autonomía del trabajador

Otro punto de fricción central es la eliminación del artículo que permitía el cobro de salarios a través de billeteras virtuales, una cláusula que habría sido retirada por presión del sector bancario tradicional. Desde el bloque amarillo, impulsan la reincorporación de este punto bajo la premisa de la «libertad del trabajador». A través de un comunicado oficial, los diputados del PRO sostuvieron que «la decisión sobre el salario es del trabajador, no del Estado ni de los bancos», destacando que millones de argentinos ya utilizan estas herramientas digitales en su vida cotidiana.

Concesiones y riesgos institucionales

Para intentar destrabar el conflicto, figuras del oficialismo como Patricia Bullrich y Luis Petri sugirieron que los cambios en las licencias podrían introducirse mediante la reglamentación posterior o normas complementarias, evitando así reabrir el debate parlamentario. No obstante, esta propuesta fue recibida con desconfianza por sectores aliados y especialistas, quienes advierten sobre el riesgo de sancionar una ley con aspectos centrales indefinidos.

La premura del Ejecutivo responde a la obsesión por llegar al 1 de marzo con la ley sancionada. Sin embargo, la fragilidad política ha quedado expuesta: el Gobierno depende de aliados que exigen claridad normativa y que no parecen dispuestos a ceder ante los intentos de disciplinamiento político. La reforma, presentada como un pilar económico, se ha convertido ahora en un test de gobernabilidad que pone a prueba la capacidad de negociación de una gestión con minoría parlamentaria.