Los sindicatos que agrupan a los trabajadores del organismo de recaudación (AFIP) emitieron un fuerte comunicado contra el Proyecto de Ley de Presupuesto General para el ejercicio fiscal 2026. AEFIP y SUPARA arremetieron contra un dictamen de minoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que propone recortar recursos clave y eliminar el Fondo de Jerarquización salarial. Las organizaciones amenazan con llevar el conflicto a instancias políticas, gremiales y judiciales para defender las «conquistas históricas» de sus representados.

La discusión del Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2026 escaló un nuevo nivel de conflicto, esta vez en el ámbito gremial de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Las organizaciones sindicales AEFIP (Mesa Directiva Nacional) y SUPARA (Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina) emitieron un contundente comunicado fechado el 13 de noviembre de 2025, bajo el título «ACLARACIONES SOBRE EL PROYECTO DE ELIMINACIÓN DEL FONDO DE JERARQUIZACIÓN», para exponer la situación y alertar a sus bases.

El centro de la polémica se ubica en uno de los dictámenes de minoría que ha circulado desde la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Si bien el dictamen de mayoría no incluye ninguna mención al mecanismo salarial de los empleados, la propuesta de la minoría busca atacar directamente dos puntos de vital interés para los trabajadores del organismo:

1. Un recorte en la alícuota de apropiación destinada al funcionamiento del Organismo, bajando el porcentaje del 1,90% actual al 1,25% (Artículo 40).
2. La eliminación de la «Cuenta de Jerarquización» (Artículo 41), herramienta esencial para la estructura salarial.

El ataque a una «herramienta central»

Desde los gremios se recordó que, históricamente, distintos sectores políticos han procurado «insistentemente atacar los salarios de los trabajadores del Organismo, pretendiendo la eliminación de nuestro Fondo de Jerarquización». La relevancia de este fondo radica en ser una «herramienta central que garantiza la equidad y la estabilidad de nuestra estructura salarial».

La cuenta de Jerarquización se constituye como un componente clave en la compensación de los empleados de la AFIP, buscando equiparar y ordenar la escala salarial interna, particularmente en un organismo de alta complejidad técnica y relevancia fiscal para el Estado nacional. Su supresión, según el análisis sindical, impactaría de manera directa y negativa en los ingresos de los trabajadores.

Unidad Gremial y acciones de defensa

Ante lo que consideran una nueva amenaza a las «conquistas históricas» de sus representados, SUPARA y AEFIP informaron que han articulado un trabajo sostenido con la Confederación General del Trabajo (CGT). En los últimos meses, han llevado adelante «diversas gestiones y mantenido reuniones con distintos bloques y referentes políticos, con el propósito de exponer con claridad nuestra posición y frenar cualquier intento de avance vinculado con este proyecto». La movilización gremial busca evitar que el dictamen de minoría logre los consensos necesarios para ser aprobado en el recinto.

Las organizaciones gremiales reafirmaron su compromiso de actuar con «firmeza, unidad y convicción, en la defensa de los derechos, condiciones laborales y dignidad de las trabajadoras y los trabajadores».

El comunicado concluyó con una fuerte advertencia a los legisladores y al Poder Ejecutivo: «No vamos a permanecer indiferentes ante cualquier intento de vulnerar las conquistas históricas de los trabajadores del organismo. La defensa de nuestros derechos NO se negocia». Este tipo de declaración sugiere que, de avanzar el proyecto, se espera una respuesta inmediata que incluiría no solo acciones políticas y gremiales, sino también la interposición de recursos judiciales.

El debate presupuestario, ya tenso por otros recortes y cambios impositivos propuestos, suma así un nuevo capítulo de conflicto que pone en pie de guerra a los sindicatos de la administración fiscal contra el Congreso de la Nación.