El Consejo Interuniversitario Nacional y los gremios acordaron la fecha ante el incumplimiento de la ley de financiamiento, la falta de acuerdo paritario y el ajuste previsto en el Presupuesto 2027.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en conjunto con los gremios docentes, nodocentes y las representaciones estudiantiles, anunció la realización de la quinta Marcha Federal Universitaria del año, fijada para el próximo jueves 15 de octubre. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la movilización tendrá la particularidad de concentrarse frente al Palacio de Tribunales. La medida de fuerza fue acordada ante el fracaso de las negociaciones paritarias, el ajuste presupuestario proyectado para el año 2027 y la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso Nacional y ratificada judicialmente.

A través de un comunicado oficial, el CIN manifestó: “Ante la falta de respuesta en el ámbito paritario y judicial, el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en el marco del debate parlamentario del presupuesto 2027, nos volvemos a encontrar para defender la universidad pública y el sistema científico nacional”.

La marcha federal se enmarca dentro de un plan de lucha más amplio que abarca 23 días de medidas de fuerza escalonadas, extendiéndose hasta el 22 de octubre. Este cronograma incluye jornadas de paro nacional universitario este viernes y el próximo martes.

Respecto al conflicto judicial y legislativo, el secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA (Aduba), Emiliano Cagnacci, sostuvo: “No podemos normalizar que un Gobierno decida caprichosamente qué ley cumple y cuál no. En democracia la ley se cumple. La Corte Suprema se manifestó en el mismo sentido que el Congreso de la Nación, y no tiene sanción incumplir una orden judicial. Hablamos de dos poderes de la República que este gobierno no respeta”.

La convocatoria tiene lugar luego de la última reunión paritaria, en la que el Gobierno nacional volvió a ofrecer un incremento del 3%, porcentaje dispuesto por exigencia judicial, sin abrir un debate salarial de fondo. Al respecto, los sindicatos del sector argumentan que se requiere una recomposición salarial pendiente del 35% para recuperar el poder adquisitivo respecto a los niveles de diciembre de 2023. En contraposición, el Ejecutivo sostiene que ha cumplido con las actualizaciones requeridas por la Justicia a partir del acuerdo parcial alcanzado el 10 de junio.

El origen de la disputa se remonta al año 2024, cuando el presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario tras la primera marcha federal de su gestión. Tras un año de tratamiento, en octubre de 2025 el Senado de la Nación insistió con la norma y la convirtió en ley. Desde entonces, el reclamo de la comunidad universitaria se centra en exigir la efectiva ejecución de la legislación vigente.

En relación con las proyecciones presupuestarias, el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Ejecutivo al Congreso asigna un total de 7,3 billones de pesos para las universidades nacionales. Dicho monto se desglosa en 6,3 billones de pesos para gastos de personal, funcionamiento y transferencias corrientes, y 1,02 billones de pesos destinados a ciencia y tecnología, hospitales universitarios y programas educativos. Por su parte, los rectores agrupados en el CIN reclaman una asignación de 11 billones de pesos, señalando que solo los gastos de personal —estimados en 8,368 billones de pesos— superan el presupuesto total que el Gobierno pretende destinar al sistema de educación superior.