El gobierno deroga una prohibición de casi tres décadas, permitiendo a usuarios habilitados acceder a armamento de características similares a las militares bajo un régimen especial.

En una decisión que reaviva el debate sobre la seguridad y el control de armas en el país, el gobierno nacional, a través del Decreto 397/2025, ha habilitado la compra y tenencia de armas semiautomáticas para civiles bajo un régimen de autorización especial. Esta medida deja sin efecto una prohibición que regía desde 1995, implementada durante la presidencia de Carlos Menem.

La nueva normativa representa un cambio significativo en la política de control de armas en Argentina. La restricción original, establecida por el Decreto 64/95, había clasificado este tipo de armamento, de características similares a las utilizadas por fuerzas militares, como de uso exclusivo para las instituciones armadas. Dicho decreto también fue el que dio origen a la ANMAC (Agencia Nacional de Materiales Controlados), el organismo encargado de la regulación y fiscalización de armas y explosivos en el país.

El Decreto 397/2025, publicado recientemente, establece explícitamente la creación de este «régimen de autorización especial para los actos de adquisición y tenencia de armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon símil fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto derivadas de armas de uso militar de calibre superior al .22 LR, peticionados por los legítimos usuarios de armas de fuego». La imagen que acompaña esta nota muestra ejemplos de armas con las características mencionadas, como rifles tipo AR-15 o Colt 6920, que ahora podrán ser adquiridas por usuarios que cumplan con los requisitos de la nueva reglamentación.

Esta medida se inscribe en un contexto de debates globales sobre el derecho a la autodefensa y el control de armas. Si bien el gobierno no ha brindado aún mayores detalles sobre los motivos detrás de esta flexibilización, analistas sugieren que podría responder a una postura que prioriza el acceso de los ciudadanos a herramientas de defensa personal, o bien a una alineación con modelos de regulación de armas más permisivos, como los observados en Estados Unidos.

La habilitación para la compra y tenencia de estas armas por parte de civiles generará sin duda diversas reacciones. Sectores que abogan por una mayor seguridad ciudadana y una reducción de la violencia armada probablemente manifestarán su preocupación, mientras que asociaciones de legítimos usuarios de armas de fuego celebrarán la medida como una ampliación de sus derechos. Resta por conocer los detalles específicos del «régimen especial» y los controles adicionales que la ANMAC implementará para garantizar la trazabilidad y el uso responsable de este tipo de armamento.