La comisión de Reforma Política aprobó la iniciativa oficialista con rechazo de la oposición, que advierte sobre un freno al crédito

En su primera reunión ordinaria del año, la comisión de Reforma Política y del Estado de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires dio luz verde por mayoría a un proyecto de ley que busca resguardar la vivienda única familiar dentro de los juicios por ejecuciones hipotecarias. La iniciativa, impulsada por la diputada Margarita Recalde, establece una instancia obligatoria de mediación judicial entre el deudor, el acreedor y el juez antes de avanzar con un remate o desalojo.

El texto propone modificar el Código Procesal Civil y Comercial bonaerense para habilitar un incidente de liquidación de deuda. A través de este mecanismo, la persona demandada podrá acreditar que el inmueble en litigio constituye su única vivienda y elevar una propuesta formal de pago para ser evaluada por el magistrado interviniente. Según la autora del proyecto, la medida busca equilibrar las condiciones de quienes recurren a prestamistas privados y enfrentan juicios sin notificación previa adecuada.

Las advertencias de los bloques opositores

A pesar de que el bloque Fuerza Patria impuso su mayoría en la comisión presidida por Ana Balor, el proyecto cosechó fuertes críticas por parte del arco opositor. Los legisladores advirtieron que la sanción de esta norma generará un efecto adverso en el mercado inmobiliario y dificultará el acceso a préstamos para la primera vivienda.

El presidente del bloque del PRO, Alejandro Rabinovich, presentó un dictamen de rechazo en minoría tras argumentar que la medida paralizará el mercado hipotecario y encarecerá las tasas de interés. En la misma línea, el diputado Gustavo Cuervo, de la Coalición Cívica y Nuevos Aires, señaló que la iniciativa podría provocar la desaparición del crédito para la compra de viviendas familiares.

Otros proyectos que avanzaron en la comisión

Durante la misma jornada, el cuerpo parlamentario despachó por unanimidad un proyecto de la diputada Lucía Iañez que restituye la obligatoriedad de la audiencia preliminar en el Código Procesal Penal, en respuesta a un pedido formal formulado por la Suprema Corte de Justicia provincial.

Asimismo, se aprobó una propuesta del legislador Juan Archanco para restringir las excarcelaciones en causas de violencia de género, iniciativa en la que los representantes de La Libertad Avanza y del PRO optaron por abstenerse. Por último, avanzó un proyecto de declaración presentado por Ricardo Lissalde para exigir la plena aplicación de la ley provincial 15430, la cual prohíbe a los organismos del Estado exigir a los ciudadanos documentación o datos que ya constan en los registros estatales.