Familiares de militares condenados por delitos de lesa humanidad, dirigentes vinculados a La Libertad Avanza y abogados defensores de represores reactivaron una estrategia política y judicial para lograr su liberación. El plan incluye proyectos de amnistía, eventuales indultos presidenciales y movimientos en el Congreso, con el aval implícito de sectores del oficialismo.

A dos años del inicio del gobierno de Javier Milei, distintos sectores vinculados a la llamada “familia militar” volvieron a impulsar una ofensiva política y judicial para obtener la liberación de represores condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. El eje de la estrategia combina proyectos legislativos, gestiones informales ante el Poder Ejecutivo y la posibilidad de un indulto presidencial, una figura que reabre una de las discusiones más sensibles de la democracia argentina.

La expectativa comenzó a tomar forma incluso antes de la asunción presidencial. Durante la campaña de 2023, tanto Milei como la entonces candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel pusieron en duda el consenso histórico en torno al terrorismo de Estado, cuestionaron la política de derechos humanos y relativizaron la magnitud de los crímenes cometidos. Ese discurso fue interpretado por familiares y defensores de los represores como una señal de apertura para avanzar con reclamos largamente frustrados.

En febrero de 2024 se produjeron las primeras reuniones entre diputados de La Libertad Avanza, abogados defensores de genocidas y referentes del ámbito judicial. Los encuentros se realizaron en la sede de la Fundación San Elías, dirigida por el sacerdote Javier Olivera Ravasi, hijo de Jorge Olivera, condenado por delitos de lesa humanidad. Allí se comenzó a delinear un proyecto de ley de amnistía que, de prosperar, permitiría cerrar causas y liberar a los condenados.

Ese trabajo se complementó con visitas de legisladores libertarios a los penales de Campo de Mayo y Ezeiza, donde se encuentran detenidos militares responsables de secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones. La visita más controvertida ocurrió el 11 de julio de 2024, cuando un grupo de diputados se reunió con represores condenados, compartió una merienda y se fotografió junto a ellos. La difusión pública del hecho generó un fuerte rechazo social y político, y obligó a congelar momentáneamente la iniciativa.

Sin embargo, lejos de abandonarse, la estrategia volvió a tomar impulso en 2025. Asunción Benedit, referente de la Asociación “Pañuelos Negros” y hermana del diputado entrerriano Beltrán Benedit, emergió como una de las principales impulsoras del plan. En audios que circularon en ámbitos privados y luego se hicieron públicos, Benedit detalló la existencia de una hoja de ruta que apunta directamente a un indulto presidencial como vía más rápida para liberar a los condenados.

La propuesta busca replicar el modelo aplicado por Carlos Menem en la década del ’90, igualando en un mismo decreto a represores y ex integrantes de organizaciones armadas. El objetivo, según explican quienes promueven la iniciativa, es construir un discurso de “pacificación” que diluya responsabilidades y limite las resistencias políticas. La dificultad central radica en que actualmente no hay ex guerrilleros detenidos, lo que obliga a forzar interpretaciones judiciales para justificar una supuesta simetría.

En ese marco, tomó relevancia un proceso judicial iniciado en diciembre de 2024 por el atentado al comedor de la Policía Federal en 1976. La causa busca que ese hecho sea considerado delito de lesa humanidad, lo que permitiría avanzar sobre figuras como Mario Firmenich y Horacio Verbitsky. Abogados ligados a organizaciones que reivindican el accionar militar sostienen que el fallo podría servir como antesala para un eventual indulto generalizado.

Patricia Bullrich aparece mencionada como una figura clave dentro de esta trama. Su rol fue determinante para habilitar las visitas de legisladores a los penales sin objeciones administrativas y, según versiones internas, evalúa impulsar un proyecto alternativo que permita la liberación de detenidos por el tiempo transcurrido en prisión o por su edad avanzada, una vía más lenta pero jurídicamente menos riesgosa.

La ofensiva no está exenta de internas. Las organizaciones que promueven la liberación de los represores muestran fuertes divisiones, disputas de liderazgo y dificultades para coordinar acciones conjuntas. Esa fragmentación quedó expuesta en actos públicos con escasa convocatoria, como el realizado en Plaza de Mayo el 19 de noviembre, que reunió a menos de treinta personas.

Aun así, los promotores del plan consideran que el escenario político les resulta favorable. Sostienen que el Presidente cuenta con los instrumentos legales y el respaldo parlamentario suficiente para avanzar, y advierten que una negativa explícita de Milei podría marcar un quiebre definitivo con estos sectores, que hasta ahora evitaron confrontarlo públicamente.

El debate reabre una herida profunda de la historia reciente argentina. Desde 2003, el país consolidó un consenso institucional en torno a la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y la invalidez de indultos y amnistías para estos crímenes, avalado por la Corte Suprema y los tratados internacionales. Cualquier intento de revertir ese camino no solo tendría consecuencias políticas internas, sino también un fuerte impacto en la imagen internacional de la Argentina.