El Concejal Pablo Daguerre encabeza las críticas al Gobierno Nacional por anular la normativa que buscaba asistir a la ciudad tras el devastador temporal, calificando la medida como una «muestra de insensibilidad política» en medio de la reconstrucción.

La decisión del Poder Ejecutivo Nacional de vetar la Ley de Emergencia para Bahía Blanca, sancionada por el Congreso para brindar asistencia tras el trágico temporal que devastó la región, ha desatado una ola de indignación y un enérgico rechazo en la ciudad. El concejal Pablo Daguerre, referente radical en el bloque de Juntos, fue uno de los primeros en expresar su más contundente desaprobación, señalando la medida como un acto de «insensibilidad política y desapego al drama humano» que aún atraviesan miles de familias bahienses.

La Ley 27.790, que había sido aprobada democráticamente, buscaba ser una herramienta crucial para canalizar alivio y respuestas concretas a una comunidad que todavía lucha por levantarse. Sin embargo, el veto presidencial la dejó sin efecto, argumentando, según trascendidos y lo que implica la referencia a la Ley 24.156, la falta de especificación sobre las fuentes de financiamiento. Para Daguerre, esta justificación es insuficiente: «Lejos de corregir posibles defectos formales, el Gobierno optó por borrar de un plumazo una ley necesaria, sin ofrecer alternativas reales ni urgentes para atender una emergencia que no admite demoras».

En un contexto donde la comunidad de Bahía Blanca se esfuerza por recuperar la normalidad y reparar los cuantiosos daños materiales y emocionales, la anulación de esta ley es percibida como un golpe adicional. El concejal no dudó en calificar el veto como un «acto de crueldad institucional», enfatizando que «no se rechaza solo una ley: se rechaza el sufrimiento de una comunidad entera».

La declaración de Daguerre resalta la preocupación por la forma en que se ejerce el poder, criticando la indiferencia ante las necesidades de los ciudadanos. «No se puede gobernar un país desde la indiferencia, vetando leyes votadas por representantes del pueblo y dejando a una ciudad entera librada a su suerte», afirmó. La postura es clara: el veto a esta ley «no es solo un error: es una provocación, una falta de respeto y una agresión directa a Bahía Blanca y su gente».

Ante este escenario, se ha hecho un llamado urgente a la rectificación de la decisión, catalogándola de «arbitraria, injusta y humillante». Asimismo, se convoca a todas las fuerzas políticas, sociales e institucionales de la región a unirse y «levantar la voz frente a este atropello», buscando generar un frente común que impulse al Gobierno Nacional a reconsiderar su postura y brindar la ayuda tan necesaria para la recuperación de Bahía Blanca.