En un movimiento polémico que encendió las alarmas en el sector de la salud, el Gobierno Nacional decidió modificar drásticamente el reglamento de las residencias médicas. La medida, que se conoció justo después de que miles de jóvenes rindieran los exámenes de ingreso, implica un cambio fundamental: las residencias ya no serán consideradas como un empleo, sino que se transformarán en un sistema de becas. Esto desató la indignación entre los futuros profesionales y las gremiales de médicos, que denuncian una precarización laboral sin precedentes.

La decisión se oficializó a través de la

Resolución 2019/25. Esta nueva normativa deroga las anteriores regulaciones (1993 de 2015 y su modificatoria, la 190 de 2023) , lo que significa que la residencia médica

pierde su carácter de empleo o relación laboral. A partir de ahora, será reconocida exclusivamente como una actividad formativa y, por ende, como una beca. La consecuencia más inmediata y dolorosa para los residentes:

perderían el derecho al aguinaldo, un golpe directo a sus ya ajustados ingresos.

El nuevo sistema propone dos tipos de becas, una suerte de «menú» con opciones que no terminan de convencer al sector. Por un lado, estará la

Beca Institución. Con esta modalidad, el residente recibirá el monto del haber mensual íntegro, sin los habituales descuentos, y contará con cobertura de ART y seguro por mala praxis. La otra alternativa es la

Beca Ministerio , que sí contempla la entrega de un recibo formal de sueldo , descuentos previsionales , cobertura de obra social estatal , y ART/mala praxis a cargo de la institución.

Sin embargo, el punto más conflictivo del nuevo reglamento es su clara exclusión del encuadre de la beca como empleo público, relación laboral o contratación de obra o servicio. Esto genera un limbo legal y laboral para los residentes, quienes hasta ahora contaban con ciertos derechos y garantías propias de una relación de dependencia.

La medida ya generó un fuerte repudio en el ámbito médico, con hospitales como el Garrahan, donde los médicos residentes ya estaban en lucha por sus condiciones laborales, anunciando posibles medidas de fuerza. Los profesionales denuncian que esta modificación no solo atenta contra sus derechos laborales, sino que también podría impactar negativamente en la calidad de la formación y, en última instancia, en la atención de los pacientes. La crisis en el sistema de salud parece profundizarse con cada decisión del Gobierno.