La entrada en vigencia de la Ley 27.802 transformó el esquema para determinar las remuneraciones en el campo: el sistema pasó de depender de resoluciones tripartitas a consolidarse mediante la negociación directa entre UATRE y las entidades empleadoras.

Un nuevo régimen salarial rige para el trabajo agrario en todo el país. A través de la aplicación de la Ley 27.802, se modificó sustancialmente el mecanismo utilizado para establecer los salarios mínimos del sector.

Hasta la implementación de esta norma, la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), un organismo tripartito, desempeñaba un rol histórico al establecer las escalas salariales mediante resoluciones. Con la actualización normativa, este organismo dejó de emitir resoluciones salariales. Bajo el nuevo esquema, las remuneraciones se acuerdan directamente en una negociación colectiva entre la UATRE y las entidades empleadoras, quedando sujeta a la homologación de la Secretaría de Trabajo.

En este contexto, la UATRE ya ha concretado el primer acuerdo salarial bajo el régimen vigente, el cual fue homologado en el mes de mayo mediante la Resolución 643/2026.

Este acuerdo incluye escalas salariales específicas para diversas actividades del sector, entre las que se encuentran: personal permanente de prestación continua, tractoristas y maquinistas de cosechadoras, actividad porcina en criadero, actividad olivícola, aplicadores de fitosanitarios, actividad del cáñamo, riego presurizado (en Catamarca y La Rioja) y personal de la empresa Alambrar (en Chubut y Santa Cruz).