Una nueva controversia se desató en la provincia de Misiones tras confirmarse que, por primera vez en 24 años, la Iglesia Católica local se vio obligada a abonar un canon a Vialidad Nacional para obtener la autorización que permitiera el desplazamiento de miles de peregrinos por una ruta federal. El inusual cobro, que el gobierno central ya anticipa que no será un caso aislado, ha generado fuertes críticas dentro del ámbito religioso y social.

El inédito cobro de $560.000 para circular

El reclamo y la denuncia pública surgieron a partir de un video difundido en redes sociales por el sacerdote Leonardo Cuenca, rector del santuario de Nuestra Señora de Loreto. En su mensaje, el sacerdote detalló que la diócesis debió abonar la suma de $560.000 para que más de 12.000 fieles pudieran caminar o circular en bicicleta por la Ruta Nacional 12 con destino al santuario.

Según la explicación brindada por el padre Cuenca, el monto fue exigido por Vialidad Nacional como pago por la «intervención del camino». El depósito se realizó directamente en las cuentas de la Agencia de Recaudación y Control de Argentina, la entidad encargada de la recaudación tributaria federal.

La medida generó un inmediato repudio por parte de la Iglesia, que considera este tipo de manifestaciones de fe como parte del patrimonio cultural y social, tradicionalmente exentas de este tipo de cargos. «En el país de la libertad, hoy tuvimos que pagar un arancel para poder peregrinar. Hasta para peregrinar ahora hay un impuesto», cuestionó el sacerdote Cuenca en su denuncia, expresando la indignación por lo que calificó como un «canon a la fe».

Contexto político y el futuro de las peregrinaciones

La exigencia de este pago a la Iglesia Católica de Misiones es vista por muchos como un giro en la relación histórica entre el Estado y las instituciones religiosas. Este tipo de eventos masivos, que implican cortes o desvíos de tránsito y la coordinación de operativos de seguridad y asistencia en rutas, siempre han requerido la intervención de organismos estatales como Vialidad Nacional y fuerzas de seguridad. Sin embargo, la novedad reside en la imposición de un cargo monetario por dicha coordinación logística.

La controversia se enmarca en un contexto de revisión de las exenciones y privilegios que históricamente ha gozado la Iglesia Católica en Argentina. Aunque la Iglesia y el Estado mantienen una relación particular regulada por la Constitución, que reconoce el sostenimiento del culto, la implementación de un canon por el uso de rutas para actividades de fe marca un precedente significativo.

Fuentes del gobierno federal habrían anticipado que el caso de Misiones no será el único. Esta declaración sugiere que la medida podría extenderse a otras peregrinaciones multitudinarias que utilizan rutas nacionales a lo largo del país, como la tradicional marcha a Luján o las celebraciones en honor a otros patronos provinciales, afectando la logística y los costos que deben asumir las organizaciones religiosas.

El debate se centra ahora en la naturaleza del cobro. Mientras que el gobierno lo interpreta como un arancel por un servicio de seguridad y logística que implica el uso de infraestructura pública, la Iglesia y los fieles lo perciben como un «impuesto a la fe», una barrera económica que dificulta una manifestación religiosa de larga tradición y fuerte arraigo popular. La continuidad de esta política promete mantener tensa la relación entre el Estado y el culto en los próximos meses.