La exfuncionaria del Ministerio de Economía apeló su procesamiento y vinculó el dinero hallado a su padre y a su pareja. La justicia investiga presuntos sobreprecios y direccionamiento de contratos en la Agencia Nacional de Discapacidad.

En el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Ornella Calvete, exfuncionaria del Ministerio de Economía, presentó su apelación frente al procesamiento que pesa sobre ella. Su estrategia de defensa introdujo una llamativa justificación sobre el origen de los casi 700.000 dólares en efectivo que fueron hallados en su domicilio particular durante un allanamiento: sostuvo que la suma ya se encontraba en el inmueble antes de que ella se mudara.

El origen de los fondos según la defensa

Durante el operativo, las fuerzas de seguridad secuestraron un total de 695.457 dólares, más de 19 millones de pesos y 1.960 euros. Ante la magnitud de la cifra, la defensa de Calvete aseguró que la mayor parte del dinero pertenece a su padre, Miguel Ángel Calvete, mientras que el resto correspondería a su pareja y a una donación formalmente registrada.

La imputada negó terminantemente haber intervenido en cualquier esquema de corrupción y rechazó las acusaciones de asociación ilícita y defraudación. Según su testimonio, el hallazgo del dinero en su vivienda sería una coincidencia patrimonial familiar ajena a su desempeño en la función pública.

La hipótesis judicial: sobreprecios y direccionamiento

El expediente, liderado por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, apunta a una presunta estructura delictiva dedicada al direccionamiento de proveedores en la ANDIS. La justicia analiza si existió una selección arbitraria de empresas para la adjudicación de contratos y la aplicación de sobreprecios en prestaciones de alto costo destinadas a personas con discapacidad.

Además de Calvete, la investigación involucra al exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo. La hipótesis central sugiere que se habría conformado una asociación ilícita para desviar fondos públicos mediante contrataciones irregulares, aprovechando la estructura del organismo estatal.

El avance de la causa

Actualmente, la justicia continúa analizando la ruta del dinero secuestrado y verificando los vínculos entre los funcionarios y las empresas proveedoras bajo sospecha. Mientras Calvete busca revertir su procesamiento con el argumento del patrimonio familiar preexistente en su departamento, los investigadores se centran en determinar el rol específico de cada imputado en la maniobra que habría afectado el presupuesto de una de las áreas más sensibles de la administración pública.