Betina Lacki ordenó la investigación de todo el personal de la Cámara de Diputados bonaerense, en la causa que investiga a Chocolate Rigau.

Este miércoles, la fiscal de la UFI N°2, Betina Lacki, ordenó la investigación de todo el personal de la Cámara de Diputados bonaerense, en la causa que investiga el caso de las tarjetas en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, en la que están involucrados el concejal de La Plata, Facundo Albini, su padre, Claudio, y el electricista, Julio “Chocolate” Rigau.

En efecto, Lacki solicitó entre otras medidas, que se haga entrega de la nómina completa de los trabajadores afectados a la Secretaría Administrativa, tanto de planta permanente como de los que tienen contrato temporario, desde el 1 de enero del 2021 a la actualidad en la Legislatura bonaerense.

Asimismo, la fiscal pidió que la Legislatura bonaerense informe el área de prestación de servicio tanto de los titulares de las tarjetas de débito que fueron incautadas, como de “Chocolate” Rigau, al tiempo que exigió que se haga efectiva la medida cautelar para inhibir todas las cuentas bancarias.

En esta línea, Lacki volvió a solicitarle la Municipalidad de La Plata las copias de las cámaras de seguridad de la sede del banco, ubicado en Avenida 7 y 54, lugar en el que se lo vio a “Chocolate” Rigau retirar dinero de las tarjetas de débito relacionadas con la Legislatura bonaerense.

Por último, la fiscal solicitó los contratos de locación de servicios de Claudio Albini, que fue subdirector de Personal de la Legislatura bonaerense, un informe especial en el que se detalle si su hijo, Facundo, trabajó en el lugar, qué tipo de funciones desempeñó, con documentación que avale su contratación.

Vale recordar que, los Albini están detenidos, acusados de integrar una asociación ilícita y de cometer “fraude en perjuicio de la administración pública” en al menos 136 hechos, y este martes, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de La Plata, rechazó el pedido de excarcelación de ambos.

Según informó el juez, Fernando Mateos, aseguró que existen riesgos procesales y remarcó “la gravedad institucional” que tiene el hecho investigado por que se podría tratar de “actos de corrupción en uno de los tres poderes del Estado provincial”, al tiempo que informó que se podría tratar de un monto que asciende a los 800 millones de pesos.