Por medio de una conferencia de prensa, el funcionario de Axel Kicillof hizo referencia al proyecto que presentó la senadora del bloque amarillo en la Legislatura bonaerense, Aldana Ahumada, el cual propone que el control vehicular se rija por los artículos 34 y 35 de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449; además de quitarlo por el elevado costo del sistema.

«Es un esquema que está vigente hace más de 20 o 30 años, al igual que en otras provincias (…) El objetivo de la VTV es que los rodados que circulen por caminos de la provincia estén en condiciones, por eso me parece temerario sacar el sistema», consideró Bianco desde Casa de Gobierno ubicada en la ciudad de La Plata.

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de «analizar si hay que llevar a cabo mejoras» en la reglamentación, pero ratificó que «son sistemas necesarios».

«Los que circulamos por rutas bonaerenses vemos que hay autos que no están en condiciones, entonces se deben ajustar los controles», añadió Bianco en conferencia de prensa, fomentando un “mayor control” de los requisitos para el funcionamiento correcto de los vehículos locales.

El proyecto impulsado por senadores del PRO

Cabe destacar que la senadora Ahumada justificó el proyecto asegurando que «la VTV se aplica de manera uniforme a todos los automóviles, sin considerar su estado real de mantenimiento», obligando «a propietarios de vehículos en buenas condiciones a cumplir con un trámite que, en muchos casos, no resulta necesario».

En tanto, consideró al sistema vigente como «obsoleto e ineficiente», dado que para la legisladora los accidentes viales se deben en su mayoría por «factores humanos», como el exceso de velocidad y el consumo de alcohol, entre otros ejemplos, y que por las condiciones del vehículo solo es el 1%.

Ahumada hizo referencia a los incrementos de valores para realizar el trámite: para verificar automóviles de hasta 2.500 kg (livianos) cuesta actualmente $44.175,21. «Estos valores, sumados a la inflación y la caída del poder adquisitivo, obligan a muchas familias a destinar recursos a un trámite que no ha probado ser efectivo en sus fines», definió.

Además, dijo que los bonaerenses deben atravesar «diversas trabas burocráticas» para llevar adelante el trámite, con «demoras en la obtención de turnos y la escasez de plantas verificadoras cercanas», llevando a una “pérdida de tiempo” para los ciudadanos.