El Gobierno nacional presentó este lunes una amplia reforma del Código Penal que endurece penas, amplía los delitos de cumplimiento efectivo y modifica criterios de prescripción y legítima defensa. El anuncio estuvo a cargo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quienes destacaron que el 82 por ciento de los delitos pasará a tener cumplimiento efectivo y que se reforzará la legítima defensa mediante una presunción a favor de la víctima que se ve atacada.

La iniciativa prevé un aumento significativo de los mínimos y máximos de penas en una extensa lista de delitos. Entre los cambios más relevantes se encuentran el incremento de las sanciones por homicidio simple, que pasará de una escala de 8 a 25 años a una de 10 a 30 años, y la incorporación de nuevos agravantes para el homicidio, como cuando la víctima sea un funcionario de alto rango, un miembro de un establecimiento educativo o un menor de 16 o mayor de 65 años. También se suman agravantes para hechos cometidos en lugares de concurrencia masiva o vinculados al crimen organizado.

Las reformas alcanzan tanto a delitos violentos como a delitos contra la integridad sexual y contra la administración pública. Se agravan penas para lesiones, abuso de armas, omisión de auxilio, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, estafas, usurpaciones, portación ilegal de armas y cohecho, entre otros. El capítulo sobre robos incorpora figuras específicas para modalidades como motochorros, viudas negras y apropiación de dispositivos de comunicación.

Uno de los ejes centrales es la eliminación de la prescripción para delitos graves, como homicidios agravados, abusos sexuales, producción y distribución de material de abuso sexual infantil, corrupción de menores, trata de personas, secuestros extorsivos, atentados contra el orden democrático, terrorismo y narcotráfico. La Justicia podrá investigar y sancionar estos delitos sin limitación temporal y se incorporan nuevos actos que interrumpen la prescripción, como la emisión de una orden de captura o un pedido de extradición.

El proyecto también busca restringir la libertad anticipada y la ejecución condicional, herramientas que, según el Poder Ejecutivo, favorecieron la reincidencia. Con el aumento de los mínimos penales y la exclusión de nuevos delitos del beneficio de la condicional, la mayoría de los condenados deberá cumplir la pena de manera efectiva. Se prohíbe la liberación anticipada en casos de homicidio, robo seguido de muerte, robo con armas y delitos dolosos cometidos por funcionarios en ejercicio de su función. Asimismo, las condenas comenzarán a ejecutarse una vez que el tribunal superior rechace el recurso extraordinario federal, sin necesidad de esperar una resolución de la Corte Suprema.

Entre las novedades institucionales, se establece la pérdida de la jubilación de privilegio para funcionarios públicos condenados por cualquier delito. También se determina que las penas de prisión perpetua no tendrán límite temporal, lo que implica cumplimiento «de por vida» en casos como los homicidios agravados. Otro punto destacado es el fortalecimiento de la legítima defensa, con una presunción a favor de quien actúa para repeler una agresión delictiva.

La reforma incluye mayores derechos para las víctimas, que tendrán intervención previa en decisiones que impliquen beneficios para los condenados. El Gobierno sostiene que este paquete de modificaciones apunta a «terminar con la puerta giratoria» y dar una respuesta más contundente frente a delitos que, en la actualidad, permiten excarcelaciones o reducciones significativas de penas.