El Tribunal en lo Criminal N° 2 de Bahía Blanca condenó a Ayelén Elena Portela tras un proceso de juicio abreviado. La mujer aprovechó una relación de amistad para ingresar a una vivienda de la calle Azara al 1600, amenazar a la víctima con un revólver y sustraerle el celular. Luego utilizó el dispositivo para solicitar créditos y realizar transferencias hacia su cuenta personal por un monto superior a los 880.000 pesos.

El Tribunal en lo Criminal N° 2 de la ciudad de Bahía Blanca dictó una condena de tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo contra Ayelén Elena Portela, tras hallarla coautora penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada.

La resolución judicial se alcanzó mediante la modalidad de juicio abreviado, luego de un acuerdo consensuado entre el Ministerio Público Fiscal, la defensa técnica y la propia imputada, mecanismo que permitió resolver el proceso penal sin necesidad de celebrar el debate oral y público.

De acuerdo con la instrucción penal llevada adelante por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 11, bajo la titularidad del fiscal Diego Conti, el grave episodio delictivo se produjo en horas de la madrugada del pasado 27 de octubre de 2024, en el interior de un inmueble situado sobre la calle Azara al 1600 del ejido urbano bahiense.

Según se dio por probado en el fallo, Portela se contactó previamente vía mensaje de texto con la víctima, un hombre con el que mantenía un vínculo de amistad desde hacía varios años. Con el pretexto de visitarlo, la acusada le solicitó ingresar a la vivienda en compañía de otra joven.

Una vez dentro de la propiedad, la mujer le pidió al dueño de casa que le abonara el viaje que había realizado en la plataforma Uber. En el momento exacto en que la víctima desbloqueó su teléfono celular frente a las dos visitantes para gestionar el pago mediante la aplicación de Mercado Pago, Portela memorizó su clave personal de seguridad, extrajo un revólver de su bolsillo y lo encañonó de manera amenazante, exigiéndole que permaneciera inmóvil.

Tras apoderarse ilegítimamente del teléfono, la imputada se lo entregó a su acompañante para que iniciara la huida. La víctima intentó perseguir a las asaltantes, pero en medio de la fuga a la agresora se le cayó el arma de fuego en el patio del domicilio. Al ganar la vía pública, el dueño de casa fue interceptado por un automóvil Chevrolet Corsa de color gris ocupado por dos hombres, uno de los cuales lo apuntó con otra arma de fuego para amedrentarlo y garantizar el escape del grupo delictivo.

Minutos después de haber concretado el asalto, Portela utilizó el teléfono robado y la clave obtenida para acceder a la aplicación financiera de la víctima y llevar a cabo una serie de maniobras económicas. La mujer ejecutó transferencias inmediatas dirigidas hacia su propia cuenta bancaria en el Banco de la Nación Argentina por montos de 550.000, 13.000 y 20.000 pesos. Asimismo, gestionó dos préstamos personales a través de la misma plataforma por una suma de 150.000 pesos cada uno.

En total, la delincuente despojó a la víctima de una cifra superior a los 880.000 pesos antes de que el afectado lograra tramitar el bloqueo y el cierre preventivo de sus cuentas.

Pericia balística y fundamentos de la sentencia

Respecto del arma abandonada durante la fuga en el patio de la vivienda —un revólver calibre .22 corto—, la misma fue sometida a rigurosos peritajes técnicos por parte de peritos especializados. El informe balístico determinó que la pieza presentaba roturas y carecía del martillo de percusión, concluyendo que no resultaba apta para efectuar disparos. Es por ello que la calificación legal definitiva se encuadró como robo agravado por el uso de arma cuya aptitud no pudo ser acreditada.

Al momento de graduar la sanción de tres años y medio de cárcel, el magistrado interviniente valoró diversos elementos agravantes. Entre ellos, se contempló el aprovechamiento de la nocturnidad para facilitar el delito, la logística desplegada por una pluralidad de participantes, la utilización de un vehículo para garantizar la impunidad en la fuga y la magnitud del perjuicio económico provocado a la víctima.

Por último, el tribunal dispuso la formación de un incidente para la unificación de penas, en virtud de que la imputada cuenta con antecedentes y condenas anteriores dictadas por la justicia correccional. Asimismo, se ordenó el decomiso y la posterior destrucción del revólver secuestrado en el lugar del hecho.