En un contexto de fuertes recortes del gasto público, el Banco de la Nación Argentina preadjudicó un contrato de seguridad privada por casi $4.000 millones a Tech Security SRL, una empresa que hasta diciembre de 2023 estaba a nombre de Martín Alexis Menem y ahora es propiedad de sus hermanos. Esta adjudicación, que supera ampliamente a la de su competidor y se suma a otros contratos estatales de firmas ligadas al clan Menem, desata interrogantes sobre la transparencia y la promesa del gobierno de Javier Milei de combatir la «casta».

La administración del presidente Javier Milei, autodefinida por su cruzada contra la «casta» política y el «capitalismo de amigos», se ve envuelta en una nueva polémica. El Banco de la Nación Argentina ha preadjudicado un contrato de seguridad privada por un valor cercano a los 4.000 millones de pesos a una empresa directamente vinculada a la familia del actual presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La licitación pública CDS 1251/2025, publicada en el Boletín Oficial del 4 de julio de 2025, asigna a Tech Security SRL la custodia de los principales establecimientos del Banco Nación, incluyendo la Casa Central, el Centro de Procesamiento Paralelo, el Edificio Maipú, el de Funcionarios y el Aeroparque Internacional Jorge Newbery. El monto total preadjudicado asciende a $3.933.026.507,98 (tres mil novecientos treinta y tres millones veintiséis mil quinientos siete con noventa y ocho centavos), por un período de 24 meses, con la opción de dos renovaciones de doce meses cada una.

Lo que genera controversia es la conexión de Tech Security SRL con la familia Menem. La firma estuvo a nombre de Martín Alexis Menem hasta diciembre de 2023, momento en que, días después de asumir su cargo como titular de la Cámara baja, transfirió sus acciones a su hermano Eduardo Adrián Menem. El tercer socio de la empresa es Fernando Nicolás Menem, también hermano del diputado riojano. Si bien la compañía opera desde 2018, su vínculo directo con funcionarios del actual gobierno nacional plantea un evidente conflicto de intereses.

La situación se vuelve aún más cuestionable al analizar la propuesta de la segunda empresa preseleccionada, Briefing Security SA, cuyo presupuesto fue de $237.537.036,00. Esta diferencia de más de 16 veces en el monto entre ambas ofertas genera serias dudas sobre los criterios de selección y la transparencia del proceso licitatorio.

Además de Tech Security SRL, otras empresas vinculadas al entorno de la familia Menem han obtenido contratos millonarios con el Estado bajo la actual gestión. Global Protection Service (GPS) Group, controlada por Nicolás «El Turco» Hazaff —íntimamente ligado a Fernando Nicolás Menem—, ha facturado casi $3.000 millones en contratos estatales. Muchos de estos servicios, como la vigilancia del Teatro Nacional Cervantes y las instalaciones de ENARGAS en Ezeiza, eran previamente contratos de Tech Security, sugiriendo un traspaso organizado de negocios.

A esto se suma La Bizantina SG SA, una empresa de limpieza vinculada al mismo círculo, que ya acumula $1.300 millones en contratos con el Estado. Uno de los casos más flagrantes es la adjudicación de un contrato por $694,7 millones en septiembre de 2024 por parte de la propia Cámara de Diputados, presidida por Martín Menem, a una empresa asociada directamente con su hermano.

Mientras el gobierno de Milei impulsa un severo ajuste en áreas sensibles como salud, educación, ciencia y discapacidad, el entramado de negocios de su círculo cercano parece florecer con fondos públicos. La situación plantea un fuerte contraste con el discurso «anticasta» del presidente, ya que apellidos como Menem no solo se mantienen en el poder, sino que sus empresas consolidan un esquema de negocios privado financiado por el erario público. El clan Menem, con casi $10.000 millones en contratos estatales en menos de un año, se posiciona como uno de los principales beneficiarios del modelo libertario, alimentándose del Estado mientras públicamente lo critican.