El fiscal federal Franco Picardi solicitó la detención de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y de otras cinco personas, en el marco de una grave causa por presuntas coimas y sobreprecios en contratos de medicamentos e insumos de alto costo. La investigación, que ya citó a indagatoria a Spagnuolo para el miércoles 19 de noviembre, destapó una presunta «organización delictiva» con millonarios retornos ilegales, en los que audios filtrados señalaban un supuesto porcentaje para la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Eduardo «Lule» Menem.

La causa que investiga la presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) escaló a un punto crítico con la solicitud de detención del fiscal Franco Picardi sobre el exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, y un grupo de personas ligadas a la maniobra. Además de Spagnuolo, el requerimiento de detención incluye a Daniel Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud de la agencia, y a los empresarios Miguel Ángel Calvete, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno y Pablo Atchabahian.

El corazón de la acusación radica en que Spagnuolo y Garbellini habrían «permitido, consentido y supervisado» un esquema para direccionar la compra de medicamentos e insumos a determinadas droguerías, con sobreprecios que, según la fiscalía, llegaron a ser de hasta el 2000%. Este direccionamiento ilegal se realizaba, según Picardi, a cambio de «diversos beneficios económicos indebidos» para los funcionarios, lo que configuraría «graves hechos de corrupción» y la existencia de una «organización delictiva».

El esquema de corrupción: Sobreprecios exorbitantes y $37.000 millones en contratos

 

La investigación del fiscal Picardi se centró en los contratos de ANDIS, un organismo vital para las prestaciones de salud de personas con discapacidad, con droguerías como Suizo Argentina, la cual comenzó a facturar cifras significativamente mayores a partir de la llegada de los exfuncionarios.

La hipótesis fiscal describe una cartelización de empresas para manipular las compulsas de precios y licitaciones, permitiendo adjudicaciones favorables y el pago de sobornos. En este entramado, cuatro droguerías habrían acaparado aproximadamente 37.000 millones de pesos en contratos con la ANDIS. La maniobra no solo dilapidó el erario público, sino que comprometió los recursos destinados a una población altamente vulnerable.

Picardi sostuvo que Spagnuolo «permitió que personas ajenas tomaran decisiones sobre asuntos públicos» e intervinieran en la administración de los recursos para obtener beneficios económicos, sugiriendo que «personas externas» tenían «operadores/as dentro de la ANDIS» designados para coordinar los beneficios y las adjudicaciones irregulares.

La prueba material: Chats, visitas y la mochila con dinero

 

La fiscalía logró robustecer la causa con indicios materiales recabados en los 25 allanamientos realizados en domicilios y droguerías en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. El material incautado —celulares, computadoras y documentación— fue clave para sostener la acusación.

Los análisis de los teléfonos revelaron nuevas conversaciones y pruebas de la coordinación de los retornos. Entre las pruebas se destaca que Spagnuolo habría recibido $5.000.000 en efectivo de parte de Miguel Ángel Clavete y Guadalupe Muñoz (pareja de Calvete) para un viaje, con propuestas de «entregarle el dinero en algún lugar disimulado», según consta en los chats. Si bien Spagnuolo finalmente no realizó el viaje a Israel, sí lo hizo su segundo al mando, Daniel Garbellini.

Como «prueba de extrema relevancia», el fiscal sumó tres imágenes encontradas en el teléfono de Calvete, que muestran a Spagnuolo ingresando a la casa del empresario con una mochila al hombro el 13 de agosto de 2025. A esto se suman al menos cinco visitas documentadas a la vivienda de Spagnuolo en un barrio cerrado entre junio de 2024 y mayo de 2025, evidenciando un vínculo estrecho y coordinado entre el exfuncionario y los empresarios proveedores.

El entramado político y los involucrados de la Presidencia

 

Una de las aristas más sensibles de la investigación surgió a partir de audios donde el propio Spagnuolo habría afirmado que un porcentaje de los pagos ilegales se destinaba a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y al asesor Eduardo «Lule» Menem. Aunque la fiscalía no detalló la posición de estos funcionarios en el presunto esquema, la mención de figuras tan cercanas al Poder Ejecutivo otorga un peso político adicional a la causa.

Petición de nulidad rechazada y la solidez de las pruebas

 

Mientras el fiscal insiste en la detención y la citación a indagatoria de Spagnuolo y otros 14 involucrados, la defensa del exdirector, a cargo de Mauricio D’Alessandro, presentó un pedido de nulidad de la causa. El argumento se basa en desconocer la autenticidad de los audios que iniciaron la investigación, un planteo similar al esgrimido por la defensa de la droguería Suizo Argentina.

Sin embargo, el juez federal Sebastián Casanello, a cargo del expediente, ya rechazó previamente ambos pedidos, considerando que paralizarían la investigación. El reciente levantamiento del secreto de sumario refuerza la postura de la fiscalía, ya que los imputados pueden acceder a las pruebas que incluyen no solo transcripciones de audios, sino también documentación incautada y registros contables y digitales, que respaldan la hipótesis de la organización delictiva. El proceso judicial continuará este miércoles 19 de noviembre con la declaración indagatoria del principal imputado.