Afiliados a Unión Personal, la obra social de los empleados estatales de UPCN, y su prepaga Accord Salud, atraviesan una severa crisis marcada por recortes en medicamentos, cobros de coseguros declarados ilegales por la justicia y el cierre masivo de oficinas. La situación, que pone en jaque la cobertura médica de miles de trabajadores y jubilados, se agrava en un contexto de desregulación sanitaria y conflicto sindical, donde la falta de prestaciones afecta directamente a pacientes oncológicos, crónicos y personas con discapacidad.

Un desastre silencioso y con graves consecuencias sociales está ocurriendo en el sistema de salud de los trabajadores estatales. Desde principios de 2025, la obra social Unión Personal (UP) y su gerenciadora, Accord Salud, enfrentan una ola creciente de denuncias de afiliados que señalan un abandono sistemático en la cobertura. Los reclamos, que se viralizan en grupos de Facebook y foros virtuales, apuntan a la vulneración masiva de derechos básicos en la salud, mientras los organismos de control estatal parecen inmovilizados.

La crisis se manifiesta en múltiples frentes, afectando directamente la calidad de vida de miles de familias:

Recortes de cobertura y cobros indebidos

 

El punto más crítico de las denuncias se centra en dos ejes: la eliminación de descuentos esenciales y los cobros que violan la normativa vigente. Afiliados reportan la pérdida de prestadores, el cierre masivo de oficinas zonales y la imposibilidad de realizar trámites esenciales, dejando sin respuesta a quienes dependen de la obra social.

• Medicamentos vitales: Se eliminaron descuentos cruciales en medicamentos para pacientes crónicos y oncológicos. Este recorte impacta de lleno en personas que requieren fármacos esenciales para el tratamiento de diabetes, cáncer y distintas discapacidades, obligándolos a asumir costos que resultan confiscatorios. Un testimonio verificado de noviembre de 2025 señala el caso de un paciente oncológico que, tras el cierre de la oficina zonal, queda sin atención ni medicación, a pesar de pagar una cuota elevada.

• Copagos ilegales: Se implementaron cobros ilegales de coseguros y copagos incluso en prestaciones que por ley deberían estar exentas, como cirugías y tratamientos graves. Estos costos desproporcionados se han convertido en un factor de desfinanciamiento para el ingreso de familias enteras de trabajadores del Estado.

El factor sindical y la desregulación como disparador

 

La crisis sanitaria de Unión Personal no puede desvincularse del marco regulatorio actual y de las tensiones internas en el ámbito gremial. La Resolución Ministerial 1926/24 y la política de «libre competencia» impulsada por el Gobierno de Javier Milei han dado luz verde a las obras sociales y prepagas para imponer topes más altos, dividir prestaciones e incluso diferenciar planes de acuerdo a la afiliación sindical.

Este contexto legal precarizado se superpone a un conflicto latente entre los sindicatos estatales UPCN (que maneja la obra social) y ATE. Afiliados que no pertenecen al sindicato que conduce la obra social denuncian ser víctimas de discriminación, con amenazas de perder prestaciones o la obligación de pagar más por servicios que deberían ser igualitarios. Se reportan amenazas directas: “afiliate a UPCN o te dejamos fuera de la red superior”, lo cual convierte el derecho a la salud en una herramienta de presión gremial.

La lentitud de la justicia y la inacción del Estado

 

Aunque la Superintendencia de Servicios de Salud ha recibido miles de reclamos, su rol de control parece haber quedado delegado en una justicia que actúa con extrema lentitud.

Un ejemplo de esta ineficacia se vio en octubre de 2025, cuando el Juzgado Nacional de 1ra Instancia del Trabajo N°69 emitió un fallo que ordenaba a Unión Personal “suspender inmediatamente las modificaciones, sin discriminar entre afiliados a UPCN y no afiliados, y mantener la bonificación del coseguro”. Sin embargo, la obra social ha logrado sortear este fallo, y los recortes y cobros ilegales persisten, afectando la atención de urgencia, las guardias y las derivaciones a sanatorios de alta complejidad. La crisis financiera de la obra social, marcada por la caída del salario estatal (menores aportes) y la derivación de afiliados a la prepaga Accord Salud, se agudiza sin una intervención efectiva del Ministerio de Salud o la Superintendencia.

Herramientas para los afectados: El reclamo colectivo

 

Ante el abandono, los afiliados y sindicatos como ATE se organizan para litigar y exigir la restitución inmediata de las prestaciones a los niveles previos al ajuste, junto con la devolución de los coseguros cobrados indebidamente.

Quienes se vean afectados por los recortes tienen herramientas concretas para reclamar y ejercer presión:

• Reclamo Formal Rápido: Iniciar el trámite TAD Reclamo en la Superintendencia de Salud de manera online.

• Vía Legal: Presentar la denuncia en la Defensoría, Legislatura o PAMI local, y sumar el caso al amparo colectivo que están llevando adelante sindicatos como ATE.

• Visibilidad: Utilizar las redes sociales y grupos de denuncia para exponer y visibilizar los casos. La presión colectiva ha demostrado ser eficaz en lograr suspensiones judiciales y devoluciones en instancias anteriores.

La crisis de Unión Personal es, en definitiva, un síntoma de las consecuencias de la desregulación de la salud en Argentina. Se exige al Estado garantizar la cobertura, la equidad y el control inmediato sobre los abusos, para asegurar que el derecho a la salud no se convierta en una variable de ajuste financiero o de disputa gremial.