Crisis laboral y empresarial: el saldo de los dos primeros años de gestión nacional

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela que, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, desaparecieron 21.938 empresas y se perdieron 290.600 puestos de trabajo registrados. El promedio arroja una estadística alarmante: el cierre de 30 empleadores y la eliminación de 400 empleos por cada día de gobierno.

El impacto del programa económico en el tejido productivo

Al cumplirse dos años de la asunción de Javier Milei, los datos oficiales procesados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) exponen una profunda contracción en el mercado de trabajo y en la estructura empresarial del país. El estudio, que abarca el período comprendido entre el ballotage de noviembre de 2023 y noviembre de 2025, utiliza datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) para analizar la evolución del empleo registrado y la supervivencia de las unidades productivas.

De acuerdo con el relevamiento, el entramado empresarial argentino sufrió una pérdida de 21.938 empleadores en apenas 24 meses. En noviembre de 2023, la cantidad de empresas con trabajadores registrados ascendía a 512.357, cifra que se redujo a 490.419 para finales de 2025. Esta caída del 4,3% en la cantidad de empleadores se traduce en un promedio de 30 empresas que dejaron de operar —o de tener empleados registrados— por cada día calendario.

La sangría del empleo registrado

La desaparición de empresas tiene su correlato directo en la ocupación. El informe señala que la cantidad de trabajadores registrados en unidades productivas pasó de aproximadamente 9.857.000 al inicio de la gestión a 9.566.573 en noviembre de 2025. Esta reducción de casi el 3% implica que 290.600 personas perdieron su puesto de trabajo formal en el sector privado durante este bienio.

La estadística es contundente: desde el cambio de gobierno, la Argentina ha perdido un promedio de 400 puestos de trabajo registrados por día. Los picos de caída más pronunciados se observaron durante el primer semestre de 2024, tras la devaluación inicial y el ajuste de precios relativos, aunque la tendencia se mantuvo negativa durante la mayor parte del período analizado.

La lucha gremial por el poder adquisitivo

En este contexto de retracción masiva, los sindicatos han intentado mitigar el impacto en los salarios a través de negociaciones paritarias constantes. Documentos internos de la Unión Obrera Molinera Argentina (UOMA) correspondientes al cierre de 2025 reflejan esta tensión. Por ejemplo, en la rama de Nutrición Animal, se acordó una suma extraordinaria no remunerativa de $33.500 para noviembre de 2025 para compensar la inflación.

A pesar de lograr incrementos acumulativos del 2,1% para enero y febrero de 2026, la organización gremial reconoció formalmente que estos porcentajes no cubren las expectativas ni la realidad de la pérdida del poder adquisitivo. Similar situación se registró en la rama Molinos Harineros, donde el incremento para el último trimestre de 2025 fue del 6,90% acumulado, junto con una suma fija de $130.000.

Desde la UOMA advirtieron que los índices oficiales a menudo no reflejan la «verdadera pérdida del poder adquisitivo» ni el deterioro que atraviesa el sector industrial debido a la caída del consumo. El informe de CEPA reafirma que el cierre de unidades productivas no es un fenómeno aislado, sino una consecuencia directa de un programa económico que, según los especialistas del centro, prioriza variables financieras sobre la estabilidad del mercado laboral y el sostenimiento de las pequeñas y medianas empresas.