La Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA) ha emitido un pronunciamiento contundente en el que denuncia un «colapso productivo» y anticipa un «industricidio» en el país. Según el informe de la CSIRA, la industria argentina experimentó un «retroceso sin precedentes» durante el último año.

En 2024, la actividad manufacturera registró una caída del 9.4%, mientras que la construcción se desplomó un 27%. La minería también mostró contracción, especialmente aquella vinculada a la construcción. Desde 2023, más de mil empresas industriales han cerrado, resultando en la pérdida de más de 31 mil empleos formales en el sector. Si se suman los empleos perdidos en construcción y minería, el total asciende a casi 100 mil.

La CSIRA atribuye este escenario a políticas que combinan una «apertura indiscriminada de importaciones» con un tipo de cambio que «hace perder competitividad», sumado a un «crédito inaccesible» y un «mercado interno paralizado». La continuidad de este rumbo, advierten, amenaza con profundizar la desindustrialización, debilitar el entramado PYME y condenar al país a importar tecnología y trabajo. La confederación enfatiza que no hay desarrollo sostenible sin una industria nacional sólida y diversificada que aporte valor agregado.

El pronunciamiento también señala que, a diferencia de potencias globales como Estados Unidos, la Unión Europea y China que protegen su trabajo e industria, en Argentina se eliminaron aranceles, programas de financiamiento y medidas de protección como el impuesto PAIS y los instrumentos antidumping. Esta situación, según la CSIRA, está llevando al país hacia una «economía reprimarizada» que exporta recursos sin desarrollar cadenas de valor.

Otro punto de preocupación es la desregulación del cabotaje nacional impuesta por el DNU Nº 340/2025, que permite a buques extranjeros reemplazar a los argentinos en el transporte de combustibles, alimentos e insumos esenciales, comprometiendo la seguridad económica y la soberanía del país. La implementación de esta normativa, según la CSIRA, resultará en un aumento inmediato del desempleo, fuga de divisas y mayor precarización laboral.

El sector científico tecnológico también enfrenta un «brutal ajuste». La CSIRA reclama que la ciencia argentina vuelva a ponerse al servicio de la economía y la producción, considerando que la educación en todos sus niveles es el motor del crecimiento y el empleo.

En cuanto a los trabajadores, la CSIRA denuncia un «cepo» al bolsillo y exige «paritarias libres» que permitan recuperar el poder adquisitivo perdido, rechazando la intervención gubernamental en las negociaciones colectivas. Se destaca que el salario mínimo perdió un 32% de su poder de compra entre diciembre de 2023 y abril de 2025 , y que el aumento constante de tarifas ha multiplicado el gasto de los hogares.

La confederación también rechaza intentos de flexibilizar derechos, precarizar el trabajo y criminalizar la protesta a través de normas como el DNU 70/23, la Ley Bases y el DNU 340/25, que, según afirman, pretende «exterminar el derecho constitucional de huelga». Reafirman que la acción sindical y la protesta social son pilares de los derechos constitucionales e irrenunciables de los trabajadores.

Finalmente, la CSIRA critica las Resoluciones 1066/2025 y 1071/2025 de la Comisión Nacional de Valores, considerándolas un avance para reemplazar el régimen indemnizatorio por un enfoque de capitalización individual que atenta contra derechos adquiridos. También reclaman el cese de la manipulación de los aportes que desfinancia las obras sociales sindicales y exigen la actualización de costos prestacionales y la agilización de reintegros del Fondo Solidario.

La confederación concluye rechazando las «recetas del FMI» y llamando a trabajadores, empresarios comprometidos y a toda la sociedad a reclamar un cambio de rumbo, afirmando que «sin industria no hay Nación».