En una escena que desnudó las profundas contradicciones ideológicas y el pragmatismo sin escrúpulos que empieza a dominar la estrategia territorial de La Libertad Avanza, el oficialismo nacional volvió a quedar expuesto frente a la opinión pública. La legisladora porteña libertaria y deportista de karate, Lucía Montenegro —una de las espadas políticas más alineadas con la estructura que lidera la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei—, encabezó un acto militante en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores donde repartió choripanes entre los vecinos asistentes.

La postal generó un inmediato revuelo en el arco político y en las redes sociales, al mostrar a la dirigencia libertaria recurriendo exactamente a las mismas prácticas de la militancia territorial que durante años denostaron en sus discursos públicos. El espacio político que construyó su identidad atacando los símbolos populares y tildando de «clientelismo» la presencia del Estado y las organizaciones en los barrios empobrecidos, terminó abrazando uno de los íconos más tradicionales del folklore político argentino para intentar arañar representatividad en los sectores golpeados por el propio ajuste de Javier Milei.

La actividad fue calificada por los organizadores karinistas con la pretenciosa premisa de que esa era «la mejor forma de hacer política». La frase resonó de manera paradójica en el ecosistema libertario, donde históricamente el choripán, las ollas comunitarias y la presencia física en los barrios populares fueron blanco de descalificaciones, ataques mediáticos y estigmatización permanente por parte de sus principales voceros.

Del dogmatismo en las redes al choque con la realidad del territorio

Esta sorpresiva reconversión del karinismo desnuda la severa crisis que atraviesa la narrativa oficialista cuando debe abandonar la comodidad de los estudios de televisión o las campañas virtuales en redes sociales para enfrentarse a la realidad palpable de la calle. En las barriadas populares, arrasadas por la recesión económica, el aumento descontrolado de la canasta básica y la eliminación de la asistencia alimentaria ejecutada por el Ministerio de Capital Humano, las consignas abstractas contra la «casta» ya no encuentran eco.

Frente a este escenario de creciente descontento popular y caída en los sondeos de opinión, el entorno de Karina Milei parece dispuesto a archivar su purismo ideológico y recurrir a las herramientas más tradicionales de la política de territorio. Allí donde la organización comunitaria, el contacto cara a cara y la solidaridad popular siempre sostuvieron el tejido social, la fuerza libertaria intenta de manera improvisada disputar un espacio que la gestión nacional no para de agredir mediante el recorte brutal de partidas presupuestarias.

La escena en el Bajo Flores evidencia la contradicción de una fuerza gubernamental que predica el individualismo a ultranza pero debe salir a repartir comida para conseguir un puñado de asistentes en sus actos. Mientras desde la Casa Rosada se promueve la motosierra contra los programas sociales y se le da la espalda a las necesidades básicas de la población, sus legisladores intentan lavar la imagen del Gobierno con puestas en escena que contradicen todo su archivo discursivo.

El contraste con la gestión comprometida de la Provincia y el Municipio

Esta improvisada incursión del oficialismo nacional en las barriadas porteñas expone las limitaciones de un modelo político que carece de sensibilidad social y de un proyecto integral de desarrollo. Mientras la dirigencia libertaria pasa del insulto mediático al reparto de coyuntura para intentar afianzarse en el territorio, las gestiones que priorizan la justicia social demuestran que la política de territorio se construye con hechos concretos y derechos garantizados.

A diferencia del oportunismo mostrado por el karinismo en la Capital Federal, el gobierno de la provincia de Buenos Aires conducido por Axel Kicillof y la gestión municipal encabezada por Federico Susbielles en Bahía Blanca vienen demostrando que la verdadera política territorial no es una puesta en escena electoralista, sino un trabajo permanente para proteger el poder adquisitivo, garantizar la alimentación, fortalecer las escuelas, sostener los hospitales y acompañar a las familias que sufren las consecuencias del ajuste nacional. La realidad es contundente: el pueblo reconoce la presencia del Estado que cuida y transforma, y no las maniobras de quienes ayer atacaban al movimiento popular y hoy intentan imitarlo sin convicción.