En el marco de una intensa y prolongada jornada legislativa en la Cámara de Diputados de la Nación, el oficialismo logró aprobar con modificaciones el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La votación se definió por una ajustada diferencia de 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones. Al haberse introducido cambios sustanciales en el articulado original —destacándose el restablecimiento de los límites a la extranjerización de tierras rurales—, el texto deberá regresar a la Cámara de Senadores para su revisión y ratificación final.

La sesión especial dio comienzo pasadas las 12:30 horas bajo la conducción del presidente del cuerpo, Martín Menem, quien habilitó el debate tras alcanzar el quorum reglamentario de 132 legisladores con la presencia de representantes de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y bloques provinciales aliados. Si bien el plan de labor contemplaba iniciar de forma directa con la discusión de la propiedad privada, las bancadas acordaron mediante un apartamiento del reglamento alterar el orden del temario para adelantar la votación del proyecto vinculado al sistema de Discapacidad.

Superada esa instancia inicial, pasadas las 16:30 horas el pleno de la Cámara baja abordó el eje central de la jornada. Para la aprobación del proyecto en el recinto resultó determinante la postura de cinco diputados cordobeses alineados con el gobernador Martín Llaryora, quienes junto al legislador Álvaro González (PRO) optaron por la abstención. Esa maniobra parlamentaria permitió al bloque oficialista y sus aliados superar la barrera de los votos en contra impulsados por la oposición.

Los límites a la extranjerización de tierras y el derrotero legislativo

El texto aprobado en Diputados es el resultado de un convulsionado trámite parlamentario e institucional. La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo había obtenido una primera media sanción en el Senado el pasado 7 de agosto de 2026. Sin embargo, en aquella oportunidad el oficialismo debió retirar de forma acelerada un polémico capítulo que flexibilizaba los controles y permitía la adquisición irrestricta de tierras rurales por parte de capitales y firmas extranjeras.

Tras permanecer paralizado durante varias semanas en las comisiones de la Cámara baja, el debate cobró un nuevo impulso a raíz de las idas y vueltas judiciales generadas por el DNU 70/23, normativa que pretendía derogar de forma definitiva la histórica Ley de Tierras (Ley N.º 26.737) que fija un tope del 15% para la titularidad de inmuebles rurales en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras. Frente a los vaivenes de los fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia respecto a la validez de dicho articulado del decreto y al intento de la oposición por rechazar el DNU completo en el recinto, la Casa Rosada accedió a modificar su postura.

Finalmente, el proyecto consensuado en Diputados incorpora un nuevo artículo que restablece explícitamente los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros y elimina la cláusula derogatoria que contenía el DNU 70/23. De este modo, la norma busca dar garantías jurídicas sobre el dominio territorial nacional mientras el debate regresa al Senado para el cierre del trámite legislativo.

Una maratónica agenda de proyectos en la Cámara baja

La discusión en torno a la Inviolabilidad de la Propiedad Privada insumió más de cinco horas de debate continuo, contando con la participación de 25 oradores inscriptos, los informes de los autores de los dictámenes en pugna y las exposiciones de los jefes de cada una de las bancadas parlamentarias.

Una vez votada la iniciativa y resuelto su reenvío a la Cámara alta, la sesión continuó con el abordaje de una cargada agenda de temas. Entre ellos, se dio tratamiento al proyecto que establece sistemas de trazabilidad obligatoria para medicamentos de alto riesgo y sus ingredientes farmacéuticos activos (IFA), diseñado para reforzar los controles sanitarios en la industria farmacéutica.

Asimismo, la nómina legislativa incluyó la discusión sobre la reforma del Código Penal para incrementar las escalas penales ante delitos encuadrados como «vandalismo rural» —tales como la rotura de silobolsas y los daños a la producción agropecuaria—, finalizando la actividad del cuerpo con la votación de la transferencia gratuita de inmuebles del Estado nacional en favor de la provincia del Chaco.