En el marco de una intensa y maratónica sesión legislativa que se extendió hasta altas horas de la madrugada, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó con una abrumadora mayoría de 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones el proyecto de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia del Sistema de Discapacidad. La iniciativa, que ahora deberá ser girada a la Cámara de Senadores para su revisión final, logró destrabarse en el recinto luego de que el bloque oficialista de La Libertad Avanza (LLA) aceptara de manera íntegra un paquete de modificaciones sustanciales propuesto por el espacio Argentina Federal, garantizando así un amplísimo consenso político y parlamentario.

El tramo decisivo de la negociación estuvo encabezado por el diputado misionero y jefe de la bancada de Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad. Durante su exposición, el legislador advirtió que el dictamen de mayoría redactado originalmente por el Poder Ejecutivo carecía de precisiones técnicas y certezas operativas para dar previsibilidad a las familias y a los prestadores. Herrera Ahuad condicionó el acompañamiento de su bloque a la eliminación del concepto punitivo de la «emergencia» y a la incorporación de cláusulas de blindaje normativo de orden público y carácter permanente. Ante la postura de los bloques provinciales, el diputado libertario Gerardo Huesen tomó la palabra para confirmar que el oficialismo aceptaba todas las correcciones planteadas en el recinto.

La flexibilización de la postura gubernamental permitió destrabar también el voto positivo de la bancada peronista de Unión por la Patria. El diputado Juan Marino adelantó el respaldo en general a las modificaciones de Herrera Ahuad, aunque exigió con firmeza al Gobierno nacional que respete los derechos conquistados y elimine del proyecto de Presupuesto 2027 aquellos artículos que atentan contra el financiamiento del sector. «Para que se supere la emergencia, Javier Milei tiene que cumplir la ley», fustigó el legislador. En contraposición, tanto el Frente de Izquierda como la diputada cordobesa Natalia de la Sota mantuvieron su rechazo a la norma. En el cierre de la votación, la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado celebró la búsqueda de consensos para las políticas públicas de discapacidad, aunque dedicó un duro reproche político al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, recriminándole no haber enviado «ni un papelito» de propuesta.

Derrota oficialista en endeudamiento familiar, restitución de la Ley de Tierras y trazabilidad de medicamentos

A diferencia del consenso alcanzado en materia de discapacidad, el cierre de la jornada dejó al descubierto la fragilidad parlamentaria de la Libertad Avanza. Pasadas las 3:30 de la madrugada, cuando el recinto se disponía a tratar los dictámenes sobre endeudamiento familiar y morosidad récord que castigan a más de 6 millones de argentinos golpeados por la caída del poder adquisitivo y la suba de tarifas, el oficialismo impulsó una moción de la diputada Silvana Giudici para enviar el proyecto de regreso a comisiones. La maniobra del Gobierno —que buscó evitar una inminente derrota legislativa ante los proyectos de la oposición que proponían refinanciaciones obligatorias y topes a las tasas— resultó aprobada de forma sumamente ajustada por 121 votos a favor, 117 en contra y 5 abstenciones, provocando duros cruces en el recinto donde la bancada conducida por Germán Martínez calificó la actitud oficial de «embustera» y denunció un intento de frenar el alivio a los deudores.

El extenso temario de la sesión especial —iniciada al mediodía tras lograrse un quorum de 132 legisladores con bloques aliados— dejó además otras definiciones legislativas de alto impacto. En primer término, el pleno dio luz verde al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada por 124 votos afirmativos, 119 negativos y 6 abstenciones. Sin embargo, la iniciativa debió ser devuelta en revisión al Senado debido a que la oposición logró incorporar un artículo crucial que frena el intento del DNU 70/23 de desregular el mercado inmobiliario rural y restituye plenamente la Ley de Tierras N.º 26.737, la cual impone un tope del 15% a la venta de campos a personas físicas o corporaciones extranjeras. Para la votación de dicha norma resultó determinante la abstención de legisladores que responden a la provincia de Córdoba.

Asimismo, los legisladores brindaron media sanción con 241 votos afirmativos al proyecto que establece un Sistema Nacional de Trazabilidad de Medicamentos de alto riesgo e insumos farmacéuticos activos. La iniciativa busca imponer controles de identificación unívoca y seguimiento estricto desde la elaboración hasta la dispensación al paciente, en un debate fuertemente atravesado por el escándalo sanitario y las trágicas muertes asociadas al uso de fentanilo adulterado. Por último, la Cámara baja aprobó por 162 votos a favor, 77 en contra y una abstención la reforma al Código Penal que eleva hasta ocho años de prisión las condenas por vandalismo rural, tipificando como delitos severos los daños intencionales contra silobolsas, cultivos, ganado e infraestructura productiva.