El legislador Nicolás Trotta impulsa una iniciativa que busca recomponer los salarios docentes y denunciar un recorte del 47% en el presupuesto del sector durante los últimos dos años. La propuesta surge en medio de conflictos abiertos en 15 jurisdicciones del país.

En un contexto de alta tensión entre el sector educativo y el Gobierno Nacional, un grupo de diputados nacionales de diversas fuerzas políticas, encabezados por Nicolás Trotta (Fuerza Patria), presentó formalmente un proyecto de ley para declarar la emergencia educativa en todo el territorio argentino. La iniciativa no solo busca visibilizar la crisis del sistema, sino que establece mecanismos urgentes para la recomposición de los haberes docentes y la restitución de fondos específicos que fueron eliminados o congelados en el último bienio.

El impacto del ajuste en números

Los fundamentos del proyecto presentan un panorama crítico sobre la situación financiera de la educación pública. Según el informe técnico que acompaña la propuesta, entre los años 2023 y 2025, los trabajadores de la educación sufrieron una pérdida del 19% en su poder adquisitivo real. Esta cifra se combina con un ajuste estructural en las partidas presupuestarias del Estado Nacional, que registraron una caída del 47.7% en términos reales.

El diputado Trotta, quien fuera ministro de Educación de la Nación, fue categórico al analizar el discurso oficial del Poder Ejecutivo. «En su apertura de sesiones, el presidente Milei no habló de los conflictos abiertos en 15 de las 24 jurisdicciones educativas. No dijo nada de los recursos que Nación dejó de pagar ni de cómo cayó la participación del Estado en el financiamiento», señaló el legislador.

La crisis universitaria y el fin del Fonid

Uno de los puntos centrales del debate es la desactualización de la Ley de Financiamiento Universitario y la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Para el bloque impulsor de la emergencia, estas medidas han sumergido al sistema en un «costo humano y social enorme» que se traduce en edificios con falta de mantenimiento, programas de investigación paralizados y una deserción creciente.

«Estamos en un momento de desprecio de la educación. El desfinanciamiento de las universidades y la no aplicación de la paritaria nacional docente han generado un clima de mucha angustia en el sector», expresó Trotta.

Proyecciones para el ciclo lectivo 2026

La preocupación de los legisladores radica en que el actual año lectivo 2026 ya se encuentra condicionado por las medidas de fuerza y la falta de diálogo. El proyecto advierte que, si no se establece una mesa de recomposición salarial inmediata, los procesos de aprendizaje y enseñanza se verán interrumpidos de forma sistemática, afectando no solo a los estudiantes sino a la organización de las responsabilidades sociales y laborales de las familias.

La iniciativa legislativa propone, entre otros puntos, la actualización automática de los salarios conforme a la inflación y la obligatoriedad del Estado Nacional de garantizar el envío de fondos de infraestructura a las provincias para evitar el cierre de establecimientos por fallas edilicias.