Federico Castoldi, director del INTA Bordenave, alzó la voz sobre la crítica situación que atraviesa el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria tras el decreto 462/25. El funcionario denunció la paralización total del organismo, la incertidumbre ante la posible venta de sus vastos terrenos y el «bastardeo» al sistema científico argentino, advirtiendo sobre el impacto en el motor productivo del país.

La incertidumbre y la preocupación se apoderan del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), una institución de gran arraigo y reputación en el Sudoeste Bonaerense. Federico Castoldi, director del INTA Bordenave –que abarca una vasta región incluyendo Bahía Blanca, Puán, Saavedra, Tornquist, Coronel Rosales, Coronel Pringles y Monte Hermoso–, brindó una cruda perspectiva sobre la actualidad del organismo en diálogo con Radio Urbana.

Castoldi explicó que la actual situación de ajuste y «motosierra» que afecta al INTA se agrava tras el decreto 462/25, que ha sumido al instituto en una «paralización total». Una de las principales hipótesis que se manejan, y que genera gran inquietud, es la posible venta de las extensas propiedades del INTA, que totalizan unas 100.000 hectáreas bajo su administración.

El director de INTA Bordenave reveló la existencia de un documento «extraoficial e incluso negado» de diciembre de 2023, donde ya se mencionaba la posibilidad de venta de cada uno de los campos del organismo. Además, señaló la ironía de que incluso se estarían señalando artículos de propiedad del INTA, como celulares y vehículos que datan de la década de los ’80, para su venta, aunque sin beneficio directo para el organismo. «Si se venden estos vehículos, el INTA no recibiría fondos algunos. De hecho, el Ejecutivo sacó un decreto vendiendo uno de los edificios del organismo en la Ciudad de Buenos Aires. El mismo iba a poder utilizarse para laboratorios del INTA, pero finalmente se decidió que el 100% de los fondos recibidos iban a ir para la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE)», detalló Castoldi.

La situación es calificada como una «estocada final» para el sistema científico argentino. «Somos parte de un sistema científico argentino que está siendo bastardeado por las autoridades. Hace varios años estamos sufriendo una migración y una desvalorización de nuestros científicos, y esto viene a dar la estocada final. Vemos con muchísima preocupación nuestra Argentina hacia adelante», lamentó el directivo.

La gravedad del decreto se traduce en consecuencias directas e inmediatas: «En el artículo 6 de la Ley Bases se mencionaba específicamente que el INTA era un organismo que no podía ser intervenido, pero finalmente por decreto dejamos incluso de tener personería jurídica. Hoy no tenemos más CUIL, está todo paralizado y se nos avisó que no podemos ni comprar gasoil», afirmó Castoldi, pintando un escenario de asfixia operativa.

Pese a la crítica situación, Castoldi resaltó el apoyo de diversos actores del sector agrario. «La Mesa de Enlace ha sacado un comunicado, así como también distintas instituciones vinculadas con el ámbito político y económico del campo como la Sociedad Rural, la Federación Agraria, CONINAGRO, etc. Son expresiones de distinta intensidad, pero que han salido a marcar esta disidencia para con las medidas del Gobierno nacional», destacó.

El director del INTA Bordenave subrayó la importancia fundamental del organismo: «El INTA es la única y última política pública destinada al desarrollo del sistema agropecuario argentino, no recuerdo otra. Y es doblemente importante en un país como este, donde sabemos que el sistema agropecuario es el primer motor cuando estamos en crisis, moviendo la economía de la Argentina», concluyó, enfatizando el rol estratégico del INTA para el país.